IVÁN ARTURO TORRES ARANGUREN
Conflicto Armado, Crimen Organizado y Disputas por la Hegemonía en Soacha y el Sur de Bogotá
Tesis para optar el título de Magíster en Estudios Políticos
Bogotá, D.C., Junio de 2011
Ver texto completo en:
http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/1571/1/TorresArangurenIvanArturo2011.pdf)
En Altos de Cazucá y en los barrios de la parte alta de la Localidad de Ciudad Bolívar, los paramilitares han adoptado formas de actuación que se han repetido en ciudades como Medellín, Pereira, Bucaramanga y Cali.
La “limpieza social” es en el lenguaje paramilitar una típica “acción de objetivos múltiples”; gracias a ella, generalmente logran posicionarse en una zona (desterrar y/o eliminar a sus enemigos y contradictores), legitimarse en el imaginario colectivo (aparecer como garantes de la seguridad y consolidarse como instancia reguladora de los problemas locales) y desarrollar un dispositivo de control que les permita aleccionar a la comunidad (someterla a través del miedo y el silenciamiento) y disponerla para acatar sus disposiciones.
Esta modalidad es utilizada cuando están en la fase de penetración, cuentan con algún conocimiento del entorno local en el que aspiran a operar y han empezado a posicionar en el imaginario colectivo el “proyecto de seguridad” que ellos ofertan. En esta modalidad, generalmente se valen de delincuentes locales que operan como pistoleros y se mueven en una tenue frontera entre la delincuencia común y la pertenencia a estructuras de carácter paramilitar propiamente dichas; situación que permite que estos individuos o bandas de individuos, actúen como gatilleros independientes y que cumplan simultáneamente funciones específicas para un mando permanente.
Por lo general, estas unidades sicariales de intimidación reciben sumas de dinero que rondan los $400.000.oo y los $600.000.oo por trabajo cumplido, cantidad que al parecer depende de la complejidad y la importancia que el mando local asigne a los “trabajos” que les sean encomendados; es de anotar que a pesar de no ser gente de estructura las unidades sicariales de intimidación deben responder ante los mandos paramilitares de la zona por las tareas encomendadas, pero sus acciones y/o su posible captura no compromete a dichos grupos como organización pues aparecen públicamente vinculadas al mundo de la delincuencia.
Gracias a esta modalidad se mantuvo la pauta de atacar opositores políticos. Así, fueron asesinados Daniel Gutiérrez, delegado de Derechos Humanos del Sindicato Nacional de Choferes de Colombia (3 de enero de 2002) y SERVIO TULIO ROJAS, MILITANTE DEL PARTIDO COMUNISTA (8 de septiembre del mismo año); de igual forma, empezaron a ser atacadas las familias en condición de desplazamiento y se empezaron a producir los primeros desplazamientos inter-urbanos: el 23 de Junio fueron asesinados los hermanos José Edison y Waldo Galindo Pinilla, integrantes de la Red de Jóvenes Unidos por la Paz, el 24 de junio murieron los hermanos Luis Eduardo, Salvador y Javier Espitia Moreno y el 30 de Junio, Leonel Tejedor, dichos jóvenes, eran integrantes de familias en condición de desplazamiento pertenecientes a la organización Revivir al Futuro, familias que tras la muerte de sus hijos, fueron amenazadas por sujetos armados que se identificaron como integrantes del Frente Capital de las AUC, y se vieron obligadas a abandonar la zona. Un ejemplo tipo de esta forma de actuación es el caso de Jaime Andrés Marulanda, alias “Chiquitín”, quien fue capturado el 3 de octubre del mismo año en compañía de Wilson Orozco, alias “el gato” en el barrio Loma Linda; tras su captura, dichos sujetos confesaron que eran integrantes del Frente Capital de las AUC, que habían asesinado más de un centenar de jóvenes y dirigentes comunales en el sector, que recibían $400.000.oo por trabajo realizado y que operaban al mando de un hombre de nombre Luís a quien conocían como “El Viejo”.