EL EXTERMINIO DE LOS REINSERTADOS DE LA CRS DEMUESTRA LA CONNIVENCIA ENTRE EL EJERCITO Y LOS PARAMILITARES.

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Mari Robinson, decía esta semana en Ginebra que “La impunidad de que disfrutan los responsables de las acciones paramilitares y la limitada eficacia del Estado a la hora de combatirlos explica en gran medida la fortaleza cada vez mayor de estos grupos”.

Equipo Nizkor – Derechos Human Rights – Serpaj Europa
21mar02
http://www.grups.pangea.org/pipermail/infomoc/Week-of-Mon-20020318/001218.html.

La Acción de Solidaridad Urgente que distribuimos no es más que una constastación de los procedimientos aberrantes del Estado colombiano. Esta vez se trata de un caso poco conocido y que se refiere a personas reinsertadas, en 1994, producto de una negociación de paz con un sector del ELN.

El Equipo Nizkor tuvo conocimiento, ya hace más de un año, de esta situación que no se puede tipificar de otra manera que de exterminio planificado y sistemático.

El ejército, que está implicado en estos hechos, conoce la lista completa de reinsertados y el Gobierno también, porque esa ha sido, hasta la fecha, la forma en que se han producido este tipo de negociaciones de reinserción en Colombia.

Es evidente que los que han planificado estos asesinatos y el ataque deliberado contra bienes producto de negociaciones de paz, conocen exactamente los términos de la negociación de 1994 y, simplemente, están realizando una serie de ejecuciones extrajudiciales de los antiguos guerrilleros, en lo que no se puede entender más que como una condena a muerte que se ejecuta años después.

Esta situación pone en evidencia no sólo estos extremos, sino algo más grave: y es que se está violando la “bona fide” básica en cualquier acuerdo de esta naturaleza. El Estado es responsable de la protección de todos sus ciudadanos, pero más aún del mantenimiento de las condiciones que pacta y su violación hace responsables, en términos de derecho internacional de derechos humanos, a las máximas autoridades del Estado y, por supuesto, a los responsables del área de comando correspondiente a la zona donde ocurrieron los hechos.