PROYECTO COLOMBIA NUNCA MÁS
ZONA 5ª – QUINTO MODELO DE REPRESIÓN
Consolidación y legalización del paramilitarismo, 1995-1998
Ante la falta de atención de las administraciones municipales y el Estado y la presión de las incursiones paramilitares en sus municipios, alrededor de 10.000 campesinos del sur de Bolívar y del valle del río Cimitarra se movilizaron hacia Barrancabermeja, donde se mantuvieron concentrados en varios centros educativos entre fines de julio y la primera semana de octubre de 1998. Los antecedentes del éxodo se remontan a las movilizaciones realizadas por los campesinos de San Pablo, en el sur de Bolívar hasta Barrancabermeja, quienes convocaron la protesta con el fin de demandar mejores oportunidades, la construcción de obras de infraestructura para la región y la satisfacción de las necesidades básicas de los pobladores. A la marcha se sumaron los agricultores del valle del río Cimitarra quienes apoyaron decididamente la movilización.
A pesar de que los campesinos concentrados debieron soportar las acusaciones de infiltración de la guerrilla en el movimiento y las continuas amenazas contra su integridad, en el municipio de San Pablo los campesinos lograron concertar una serie de acuerdos con el gobierno cuyo fundamento se centraba en una presencia del Estado no represiva sino con inversión social y el mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores de la región, además de prevenir y sancionar cualquier conducta de los servidores públicos de asocio y apoyo a grupos paramilitares. En estos acuerdos el gobierno reconoció tener conocimiento del avance del paramilitarismo en el sur de Bolívar y encontró que los mecanismos judiciales y disciplinarios habían sido inoperantes para frenar esta situación que dejaba cientos de víctimas, en su mayoría campesinos y mineros pobres.
El reiterado incumplimiento de estos acuerdos por parte del gobierno ha conllevado a que, sumado a la situación de violencia paramilitar que padece la región, sus pobladores se vean sumidos en una profunda situación de abandono y miseria, constituyéndose esta situación en sí misma en otra violación de los derechos humanos de estas personas. Paradójicamente el compromiso del gobierno de combatir a los grupos paramilitares trajo consigo la intensificación de las acciones de estos grupos bajo la mirada complaciente del gobierno y cooperación de las autoridades militares y civiles de la región.
En medio de la movilización campesina a Barrancabermeja, los paramilitares cometieron nuevos asesinatos. En el mes de agosto, dieron curso a una nueva oleada de violencia en incursiones que dejaron un total de 12 muertos y algunos heridos. Al mismo tiempo, del 25 de julio al 4 de octubre de 1998, en medio de la Mesa de Trabajo Permanente instalada en Barrancabermeja, fueron víctimas de ejecución extrajudicial 24 pobladores de los municipios de Tiquisio, Simití, Santa Rosa del Sur y Montecristo, en el sur Bolívar. También a lo largo de 1999 se presentaron múltiples incursiones militares, paramilitares y acciones conjuntas, durante los cuales las relaciones de amistad y cooperación que incluían patrullajes conjuntos, abastecimiento, apoyo aéreo, entre otras actividades, dejaron decenas de asesinatos, desapariciones, heridos y destrozos materiales.
Entre tanto, en Barrancabermeja, los paramilitares amenazaron y asesinaron a las personas que ayudaron o colaboraron suministrando alimentos y útiles de primera necesidad para los campesinos del Éxodo. De esta manera los acorralaban en su permanencia al impedirles suplir sus necesidades básicas, buscando lograr su salida de los sitios donde están albergados.
El día 4 de septiembre fueron asesinados JOHN JAIRO JIMÉNEZ RAMÍREZ, EDGAR ENER JIMÉNEZ, GONZALO GONZÁLEZ CÁCERES y la señora LUZ DARY SIERRA, quienes se encontraban departiendo en una fuente de soda, ubicada en una esquina de la avenida del ferrocarril. Estas personas eran transportadoras de alimentos y otros suministros para los campesinos del éxodo del Magdalena Medio.
Las intenciones del gobierno nacional que desde hacía dos años conocía de la problemática humanitaria que afrontaban el sur de Bolívar y la región del valle del Río Cimitarra, mostró su verdadera cara cuando se abstuvo de interferir en las acciones criminales que los paramilitares venían desarrollando, principal razón para que los campesinos se movilizaran hasta Barrancabermeja. El gobierno no sólo no frenó los asesinatos de campesinos, sino que permitió que el conflicto se agudizara presentándose la masacre de numerosos campesinos en las zonas rurales mientras sus compañeros intentaban negociar las condiciones para acceder a una vida digna con el gobierno departamental y nacional.
El 5 de octubre de 1998 la movilización campesina logró el compromiso del gobierno de crear un Bloque de Búsqueda para combatir las agrupaciones paramilitares en la región. Un compromiso incumplido pues tras la firma del acuerdo y del retorno de los campesinos a sus parcelas, semana tras semana se informaba sobre nuevas acciones paramilitares en la región. La actitud de diálogo y los compromisos del gobierno fueron inmediatamente olvidados con el retorno de los campesinos. La incursión paramilitar arreció y declararon como objetivos militares a todos los líderes de la movilización campesina. Se denunciaron las amenazas contra líderes del éxodo y defensores de derechos humanos que participaron en las negociaciones con el gobierno, toda vez que los paramilitares reiteraron su consideración de “objetivos militares” a las personas y organizaciones participantes.
Los líderes del éxodo campesino denunciaron en las semanas siguientes al retorno el incumplimiento de los acuerdos y los intensos combates producidos en sus regiones. Se pensó incluso en un nuevo éxodo para demandar la protección de la población. El punto del acuerdo que causaba entonces mayor preocupación era el incumplimiento de las acciones prometidas para garantizar la seguridad de la población civil afectada por la incursión paramilitar y el conflicto armado. En el período posterior, efectivamente, se presentaron muchos asesinatos selectivos y se dieron varias incursiones paramilitares.
Sin embargo, una vez más se incumplieron los acuerdos y la única respuesta estatal fue la represiva, y al igual que en marchas anteriores los organismos paraestatales comenzaron a asesinar a los líderes que convocaron y participaron en las jornadas de protesta. Luego del éxodo, el regreso de los campesinos a la región estuvo marcado por una particular intensidad en la actividad del paramilitarismo:
“Estos señores al entrar a la zona, cuando se apoderan de San Blas, Monterrey, y parte de Pozo Azul, entran con una política bastante brava y eso de una forma como de someter a la gente, a condicionarla, con el pretexto de que, todo lo que huela a guerrilla, era lo que ellos venían a hacer: aniquilar, a matar; y todo lo que les oliera a líderes. En ese entonces hablaban de que todo el que hubiera estado en el éxodo, todo lo que oliera a éxodo campesino, o sea, que hubieran estado organizando ese tipo de cosas, a partir de ese momento éramos objetivo militar para ellos. Ellos lo dijeron varias veces. Nosotros, en vista de eso, no tuvimos más que hacer. Muchos compañeros nos tuvimos que prácticamente internar hacia la partes más altas; otros compañeros se fueron, están