PROYECTO COLOMBIA NUNCA MÁS ZONA 5ª
Segunda Parte – Sectores sociales atacados: Militantes de partidos y movimientos políticos de oposición

El 12 de julio de 1988, GERARDO JEREZ QUIROGA, de 35 años, obrero de la Empresa de Obras Sanitarias de Santander, EMPOSAN S.A., tesorero de SINTRAEMPOSAN y militante de A Luchar, fue desaparecido y asesinado en Barrancabermeja. Gerardo se dirigía en motocicleta hacia el barrio Cincuentenario a realizar sus labores habituales de trabajo cuando fue interceptado por cuatro individuos armados con ametralladoras quienes se movilizaban en un vehículo y se lo llevaron a la fuerza dejando la motocicleta en el sitio de su rapto. Según testimonios, la motocicleta fue recogida a las tres horas por agentes de la policía uniformados, pero después nunca se supo de ésta.

En protesta por la desaparición de su compañero, el 14 de julio de 1988 se realizó un paro de los trabajadores a nivel departamental. Se recibieron llamadas telefónicas por medio de las cuales el grupo paramilitar MAS se adjudicaba los hechos y expresaban que entregarían a Gerardo muerto en las próximas horas. Su cadáver fue encontrado semienterrado en el sitio campo Nº 45, pozo de explotación petrolera dentro de un área restringida, ubicado en el corregimiento El Centro; el cuerpo presentó muestras graves de tortura: amarrado de pies y manos con alambre de púas, las uñas arrancadas, la cabeza sin cabello, un brazo partido al parecer con machete, heridas con cuchillo, una varilla introducida en el recto, sus testículos arrancados, lo ahorcaron y le propinaron varios impactos de bala. En la espalda del cadáver de Gerardo aparecieron las letras CCCC, Comando Coronel Correa Campos, organización paramilitar formada luego de la muerte de dicho coronel.

Como antecedente al asesinato de Gerardo, debe mencionarse su detención, en marzo de 1987, por participar en un mitin dentro de las instalaciones de la empresa EMPOSAN, durante la negociación de un pliego de peticiones, ocasión en la cual fue también amenazado por personal del F-2. En junio fue despedido en compañía de otro miembro de la junta directiva sin causa justa, y debido a la lucha del sindicato fueron reintegrados a su trabajo. Sin embargo, el representante legal los demandó penalmente por pegar carteles del sindicato. En noviembre fue nuevamente detenido por la policía, lo mantuvieron un día incomunicado, fue agredido y nuevamente fue amenazado por el F2; a los dos días fue dejado en libertad.

Se estableció que los representantes de la empresa EMPOSAN en Barranca tenían estrechos vínculos con la policía y con servicios de seguridad del Estado. De tal manera, a Gerardo le realizaron seguimientos y hostigamientos los organismos del F2; dos meses antes del asesinato, su residencia fue allanada por agentes del F-2 y en varias ocasiones fue detenido por estos, quienes le pedían documentos de identificación e indagaban constantemente sobre sus actividades.

Después del asesinato de Gerardo los trabajadores de EMPOSAN mantuvieron su preocupación por las nuevas amenazas producidas contra otros miembros de la Junta Directiva del Sindicato en momentos en los que la Organización Sindical adelantó campañas de denuncia por violaciones a la Convención, inmoralidad administrativa, politiquería y clientelismo por parte de los directivos de Emposan.

El comandante de la Policía para la época, Mayor Guillermo Vélez Botero, en una reunión con directivos de la empresa Coca-cola y miembros del sindicato de trabajadores de la industria de la gaseosa SINTRADINGASCOL manifestó textualmente que a Gerardo ”lo habían asesinado por ser un guerrillero infiltrado en los sindicatos de Barrancabermeja, que eso iría a ocurrir con otros dirigentes sindicales”. La anterior afirmación es indicio de responsabilidad contra el citado comandante, pero los dirigentes sindicales que oyeron esta afirmación se negaron a rendir testimonio ya que han fueron amenazados en repetidas ocasiones y no quisieron correr con la suerte que otros declarantes han tenido después de haber rendido testimonio. Muchos testigos por entonces han muerto en Barranca por el hecho de declarar dentro de una investigación penal.