Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Sábado 17 de junio de 2006
http://justiciaypazcolombia.com/Democratizacion-de-la-ejecucion

Ayer nuevamente sucedió en Oporapa, departamento de Huila, anoche por la televisión un campesino relato como se salvo de ser ejecutado extrajudicialmente en Antioquia por un oficial que recibió a su vez la orden de un Coronel… y así una y mil historias contadas, otras ocultas que se han testimoniado en Cauca, en el Valle, en Chocó, en Antioquia, en Putumayo, en el Meta, en Nariño, en Cundinamarca y Tolima.

No es nada nuevo, se repiten a lo largo y ancho del país. Las ejecuciones extrajudiciales han sido una técnica y mecanismo de actuación de las Fuerzas Militares, son parte de la costumbre. La aplicación permanente de este mecanismo de represión bajo el cual se elimina sin más a los civiles o a combatientes en estado de indefensión es el rostro de una doctrina criminal que justifica la destrucción de la vida a nombre de la defensa de la institución, de la ley, de sectores de la sociedad que ven afectados sus intereses y de encubrimiento de estructuras criminales.

La política de seguridad del actual gobierno ha mostrado el incremento del uso de este mecanismo, ha ocurrido una democratización de ese modo de represión y de control. Esto significa que la seguridad “democrática” es la recomposición, reestructuración de los marcos de la Doctrina de la Seguridad Nacional ambientado en la cruzada de la lucha antiterrorista. El uso de la fuerza con actuaciones ilegales constata la ausencia de los principios constitutivos del Estado de Derecho. La deslegitimación de la Fuerza Pública a pesar de los espejismos de la publicidad y de las noticias mediáticas escandaliza, los intentos de ocultamiento, de legitimación del crimen de Estado como bien de la humanidad por parte de las Fuerzas Militares ha sido desastroso.

Las ejecuciones extrajudiciales son parte de los positivos de las Fuerzas Armadas, el desbordamiento de los límites legales, expresan las irracionalidades de la lucha contra el terrorismo. Antes bajo el pretexto de la defensa contra el comunismo y contra las guerrillas se justificaba la ejecución extrajudicial, que cuando era probada judicialmente, merecía una serie de excusas a las familias de las víctimas, luego de una serie de argumentaciones militares traídas de los cabellos, carentes de verosimilitud.

Ahora bajo el pretexto de la lucha contra el “narco terrorismo”, las operaciones militares institucionales encuentran bajo esa cortapisa, la legitimación del crimen como hecho justo. El espectro de las víctimas es más amplio, según, se puede deducir de las informaciones de prensa y del seguimiento de casos que vienen conociéndose por organizaciones de derechos humanos.

Los crímenes de Estado bajo la modalidad de ejecución extrajudicial ya no solo están focalizados contra indígenas, afrocolombianos o mestizos – territorios rurales- sino también sus víctimas son habitantes de las ciudades en donde existe una militarización territorial y de la cotidianidad, o quiénes van de paso en zonas de conflicto o quiénes se han desmovilizado o reinsertado. Es la democratización de la ejecución

Las víctimas de la ejecución extrajudicial ahora no son solamente los pobladores civiles, a quien conciben como la base social de las guerrillas, auxiliadores de la guerrilla, sobre todo, cuando esa población disiente, propone, construye iniciativas que son descalificadas como comunistas. Las víctimas son también habitantes que circunstancialmente se encuentran en espacios de conflicto armado que por su paso en un momento dado se convierten en blancos militares institucionales. Otro tipo de víctimas de ejecuciones extrajudiciales son los reinsertados de los grupos guerrilleros y en algunos casos, desarmados de la estrategia paramilitar, quienes son usados como parte de guerra positivo en la seguridad ciudadana. Otros son los casos, como el de Jamundí en que la interacción tráfico de drogas fuerzas militares hace que se use de este mecanismo para proteger a los capos de la droga frente a actuaciones represivas policiales.

A pesar de intentar hacer creer el engaño, las argumentaciones justificativas de los crímenes son fantasiosas. Se crean falsos escenarios de combates, se simulan escenarios de desacato a la autoridad, se justifica el crimen en problemas de visibilidad, o simplemente de argumenta la defensa afirmando que es complot de los amigos de los narcoterroristas.

Posterior a la ejecución extrajudicial, para que el crimen quede justificado y pretenda ser perfecto, las escenas del crimen se modifican, los cuerpos son trasladados por las mismas estructuras criminales, en algunos casos las víctimas son vestidas con camuflados y presentadas con armas largas o material de guerra, en otros casos, son presentados de civil integrantes de bandas, y siempre en partes de guerra en guarniciones militares a donde llegan los medios de información, y si existe alguna denuncia o existe un testigo este es judicializado acusado de rebelión, mientras la investigación sigue su curso en la Justicia Penal Militar. El circuito de impunidad del crimen se legitima mediática y judicialmente.

Detrás de la ejecución extrajudicial en muchos de los casos se devela una pretensión de aleccionar, aterrorizar e intimidar a una población o grupo humano eliminando sujetos colectivos representativos, existe una finalidad precisa. En otros casos, la ejecución extrajudicial no tiene más razón que la sin razón, lo que significa los efectos de la militarización de la sensibilidad y de la mente. En otros casos, la motivación son las envidias que suscitan los beneficiados de la institucionalidad en materia económica y social al ser reinsertados. Y finalmente, crimen de reinsertados cometidos por las Fuerzas Militares como trashumancia o paseos territoriales de quiénes son ejecutados extrajudicialmente como bandas delincuentes para satisfacer las necesidades psicológicas de seguridad ciudadana. En otros casos, se pretende proteger y de encubrir las operaciones de tipo criminal asociadas al paramilitarismo y el tráfico de drogas

Las ejecuciones extrajudiciales en desarrollo de las políticas de seguridad pretenden ALECCIONAR SILENCIAR CONVENCER, también JUSTIFICAR – SATISFACER y PROTEGER – ASEGURAR la necesidad de seguridad, en cualquier caso son crímenes de Estado. Son una muestra de la continuidad de una práctica de antaño, que hoy se amplia en nuevos blancos militares y en nuevos marcos de justificación del crimen, por eso podríamos decir, que es una democratización del crimen institucional en desarrollo de la reingeniería militar.

La política de seguridad en sus fases de criminalización, copamiento territorial, judicialización, legitimación y “desarrollo” social –estabilidad- acude a la ejecución extrajudicial como parte de victoria, triunfo y supremacía simbólica, en concatenación con el desarme funcional paramilitar, la reestructuración de estrategias de tipo paramilitar y profesionalización de la fuerza regular en comandos conjuntos.

Democratización de la ejecución extrajudicial tal como se constata en Antioquia, en Costa Atlántica, en el Chocó, en el Meta, en el Cauca, en Caquetá, en Putumayo, el Valle. No es el problema de una Brigada, si no de muchas Brigadas, No es un caso son decenas de casos. Es grave y sistemático con el perdón de la seguridad “democrática”