La Defensoría del Pueblo rechaza enérgicamente la retención y posterior asesinato de Gilma Graciano, de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Antioquia, por parte de presuntos paramilitares, hecho que tuvo lugar el sábado 30 de marzo.

Defensoría del Pueblo
Comunicado 711
Jueves, 04 de Abril de 2002
http://defensoria.paginaprivada.com/prensa/comunicados/item/1203-comunicado_de_prensa_711?tmpl=component&print=1

La entidad conoció que, en un retén ilegal en la vía San José-Apartadó, a la altura de Tierra Amarilla, varios paramilitares detuvieron un colectivo de servicio público. Calificaron a Gilma Graciano y a otra pasajera como “guerrilleras” y las obligaron a bajar del vehículo. El domingo 31, el cadáver de Gilma fue encontrado a la entrada de Nueva Colonia, corregimiento de la población de Turbo.

Desde su conformación como comunidad de paz, en marzo de 1997, la Comunidad de San José de Apartadó ha sido objeto de múltiples agresiones por parte de actores armados. Esta situación ha limitado las posibilidades de consolidación de los procesos de desarrollo social y económico en el marco de su retorno.

En diversas ocasiones, las autoridades han sido advertidas en forma oportuna acerca de señalamientos y amenazas en contra de la comunidad, al igual que de inminentes agresiones. La situación registrada el pasado fin de semana es una más dentro de una larga cadena de hechos violentos que atentan contra este proceso organizativo.

La Defensoría del Pueblo reitera su respaldo a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, así como su reconocimiento a modelos de organización comunitaria que, al igual que éste, buscan posibilidades de subsistencia en medio del conflicto, a partir de una posición no violenta y de su voluntad de permanecer al margen de las acciones de los actores armados.

La constante situación de riesgo a que está sometida la Comunidad obliga a adoptar medidas de protección eficaces. En este sentido la Defensoría solicita al Ministerio de Defensa, a la Brigada XVII, a la Fiscalía General de la Nación, a la Vicepresidencia y al Ministerio del Interior, que establezcan medidas permanentes, coordinadas y oportunas respecto a la situación de seguridad de San José de Apartadó.

La urgencia y necesidad de estas acciones preventivas por parte del Estado han sido igualmente reconocidas por diferentes instancias. En particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el año 2000, requirió del Estado las acciones necesarias para proteger a la comunidad. Entre las medidas solicitadas se señaló la ampliación de las estrategias de seguridad, la investigación de los sujetos responsables de violaciones de derechos humanos, así como las garantías para la permanencia y retorno de las comunidades a sus lugares de origen.