Defensoría deñ Pueblo
Comunicado 1317
Martes, 01 de Julio de 2008
http://defensoria.paginaprivada.com/prensa/comunicados/item/622-comunicado_de_prensa_1317?tmpl=component&print=1

El Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortiz, rechazó de manera vehemente la muerte en un campo minado de tres indígenas de la comunidad Awa en Samaniego y, asimismo, condenó el secuestro y posterior asesinato de los educadores Maura Elisa Pinto, Piedad Anama, Ricardo Figueroa y Graciela Pantoja; hechos que ocurrieron en diferentes municipios del departamento de Nariño.

De otra parte, la Defensoría del Pueblo condenó el secuestro por parte de las Farc de una Misión Médica conformada por nueve funcionarios en la vereda de El Charco, siete de los cuales fueron dejados en libertad y los dos restantes quedaron en manos del grupo subversivo. Los profesionales secuestrados fueron identificados con los nombres de Deimer Palacios y Luz Marina Gutiérrez y quienes se desempeñan como odontólogo y enfermera respectivamente, acusados como informantes del Ejército por parte de ese grupo armado ilegal.

Según denuncias de las comunidades de esa poblaciones nariñenses, la guerrilla de la FARC ha impedido el ingreso del Comité Internacional de la Cruz Roja y del equipo en terreno de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados – ACNUR, demostrando los riesgos que vienen sufriendo las misiones humanitarias por la radicalización de la confrontación armada en la zona.

El Defensor del Pueblo exigió, por otro lado, la entrega inmediata de los docentes desaparecidos, incluida la docente María Elisa Guerrero, quien trabaja en una escuela de la vereda Madroño y, al parecer, se encuentra en poder de grupos armados al margen de la ley.

El Defensor del Pueblo requirió de las autoridades militares y de policía ofrecer protección de manera urgente a los habitantes de esta región del país, dado que se teme que la presencia de grupos armados ilegales y los factores generadores de violencia en esa región pueda generar desplazamiento masivo de sus habitantes.

Finalmente, el Defensor del Pueblo reiteró su llamado a los grupos armados al margen de la ley para que se acojan a las normas protectoras del Derecho Internacional Humanitario que habla de sustraer la población civil de la dinámica de la confrontación armada. “La sociedad debe repudiar todas las manifestaciones de violencia de que está siendo víctima la población civil. Estos actos atentan gravemente contra el Derecho Internacional Humanitario que exige respetar el principio de inmunidad de la población civil” concluyó el Defensor del Pueblo.