La CUMBRE NACIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES tuvo su origen en el cumplimiento de las decisiones tomadas en varios mandatos, entre ellos: La marcha a Cali, realizada en el mes de mayo del año 2001; el mandato del congreso itinerante, realizado en septiembre del 2004, el XII congreso regional indígena del Cauca, realizado en marzo del 2005, el Foro Social Mundial, versión Colombia, realizado en Bodega Alta, Caloto, Cauca, en diciembre del 2005 y en innumerables actividades del orden zonal, regional y nacional en coordinación con organizaciones sociales de sectores indígenas, campesinos, urbanos, afrodescendientes, sindicales y estudiantiles.

En cumplimiento de lo anterior, diversas organizaciones del orden nacional y regional, convocaron a la CUMBRE NACIONAL ITINERANTE DE ORGANIZACIONES SOCIALES, la cual tendría desarrollo en varios puntos del territorio colombiano, entre ellos el Resguardo Indígena La María, Piendamó, Cauca –Territorio de Convivencia, Diálogo y Negociación, durante los días comprendidos, entre el 13 y el 17 de mayo del año 2006. Desde el 27 de abril del 2006, el gobierno departamental del Cauca dio inicio a una propaganda sistemática, en la cual relacionaba la movilización social con las acciones de las FARC, tomando como base un supuesto comunicado de este grupo que de forma irresponsable anunciaba estar presente permanentemente en las movilizaciones sociales. Con lo cual argumentó el violento desalojo de las organizaciones sociales de Suárez, Morales y Buenos Aires, que habían ocupado pacíficamente la alcaldía de Morales el 28 de abril de 2006 y también para dispersar la marcha que avanzaba por la ciudad de Cali hasta las instalaciones de la EPPSA donde participaban campesinos afrodescendientes e indígenas.

La Cumbre había trazado como objetivo fundamental “Fortalecer, los procesos de Convergencia, Unidad, y Articulación de las Organizaciones Sociales y Movimientos Políticos Alternativos en perspectiva de nuevas formas de Movilización Social que contribuyan a defender la vida, los territorios, los procesos organizativos” y construir propuestas en torno a: La defensa de la vida; propuestas en torno a derechos humanos y derecho internacional humanitario; el conflicto armado; proyectos sociales: vivienda, educación y salud, Tratado de Libre Comercio (TLC) y la reelección; la defensa y control del territorio; propuestas en torno al tema agrario, defensa del territorio y recursos naturales: agua, los páramos, los parques naturales, las fumigaciones y los bosques; la defensa y fortalecimiento de las organizaciones sociales y los procesos; reflexión y mandatos frente a los acuerdos incumplidos, la coordinación de organizaciones sociales y políticas, y la estrategia de comunicación regional, nacional y latinoamericana; exigir al Gobierno Nacional el cumplimiento de acuerdos comprometidos en jornadas de movilización: La emergencia económica, social y cultural reconocida en el decreto 982 de 1999, el Mandato Indígena y Popular del 2004 y el requerimiento hecho al Gobierno Nacional a través de la Consulta Popular y Ciudadana frente al TLC realizada por sectores sociales y en particular por organizaciones sociales y comunidades del Cauca y el Mandato Agrario.

La María es un resguardo indígena bordeado por la vía Panamericana y ubicado en el municipio de Piendamó, al centro del departamento del Cauca. La propuesta de La María como territorio de convivencia, diálogo y negociación fue definida por los pueblos indígenas del Cauca y presentada al entonces consejero de paz del Gobierno del Presidente Andrés Pastrana, en el año de 1999, quien se hizo presente en este resguardo a raíz de una movilización social. Esta propuesta también fue presentada a organizaciones sindicales y gremiales y movimientos de paz, del nivel nacional y finalmente asumida desde varias organizaciones campesinas y populares tanto del departamento del Cauca como de Valle y Nariño, así como por el movimiento indígena nacional. En el mes de octubre del mismo año, fue declarado este sitio como Territorio de “Convivencia, Diálogo y Negociación de la Sociedad Civil de Colombia”, cuyo lema fue y continúa siendo “Del Silencio a la palabra”. Desde entonces ha venido siendo un lugar de encuentro para eventos tales como el congreso itinerante y permanente y la cumbre nacional de organizaciones sociales. Así fue como, más de trece mil personas, pertenecientes a organizaciones regionales y nacionales de campesinos, indígenas, afrodescendientes y sectores urbanos, provenientes de diversos municipios de departamento del Cauca y el país se dieron cita en el Resguardo Indígena La María, Piendamó – Cauca, Territorio de Convivencia, Diálogo y Negociación. El ingreso al resguardo se inició desde el día 13 de mayo.

La instalación de la cumbre se hizo el lunes 15 de mayo, día durante el cual, se explicaron los ejes temáticos diseñados y la metodología de la cumbre de organizaciones sociales. Una vez instalada la cumbre, nuevamente el Gobernador del Cauca en medios locales y medios de comunicación nacional hizo señalamientos públicos en el sentido de que la cumbre era promovida e infiltrada por la insurgencia y el narcotráfico. Varias informaciones así lo registraron, impidiéndose la llegada de varias comunidades que participarían de la cumbre. Efectivamente, comunidades provenientes del Macizo, norte del Cauca no pudieron participar porque la Fuerza Pública impidió el libre tránsito, y detuvo varias de las caravanas campesinas en los municipios de Bolívar, San Sebastián, Almaguer, Patía y otras partes, lo que contribuyó a la realización de varios bloqueos en diferentes puntos del departamento. Así mismo, miembros de la Policía Nacional – Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), realizaron acciones de hecho, taponando el tráfico por la vía Panamericana a la altura del peaje situado en Tunia. Igual sucedió en el sitio conocido como El Pital, donde los marchantes tuvieron que defenderse de las agresiones de la Policía Nacional -ESMAD, en donde resultaron varias personas heridas y 6 detenidas, entre quienes se encontraban dos defensoras de derechos humanos de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

Pese a esta situación la cumbre continuó desarrollándose. Mientras tanto, el Gobernador del Cauca, Juan José Chaux Mosquera, emitió declaraciones irrespetuosas diciendo esta vez que la cumbre estaba promovida por el Polo Democrático buscando votos para el candidato Carlos Gaviria. Lo propio hizo el Ministro del Interior y Justicia Sabas Pretelt de la Vega, que ante los medios de comunicación entre ellos Caracol, estigmatizó la cumbre, señalando que estas acciones populares se encontraban infiltradas y auspiciadas por la insurgencia y el narcotráfico. Ante estos anuncios perversos que buscaban deslegitimar la jornada, las comunidades, se dieron a la tarea de revisar los múltiples acuerdos firmados e incumplidos por el Estado y formular propuestas. Posteriormente se tuvo conocimiento de la represión dada en varias partes del Cauca, Nariño y de algunas regiones del país contra las comunidades que se encontraban movilizándose, y que habían originado un grueso número de heridos y detenidos.

Como respuesta a la represión generada y las provocaciones y señalamientos del Gobierno Nacional y Departamental, el martes 16 de mayo, las organizaciones sociales asistentes a la cumbre, en un acto ritual de armonización, buscando ser escuchados por el Gobierno Nacional, ocuparon pacíficamente la vía Panamericana. Hacia el medio día miembros de la Policía Nacional atacaron con gases y bolillos a las personas que desde la mañana solicitaban la presencia del Gobierno Central para dar solución a problemas que afectaban a las comunidades.

Hacia las 10 a.m. del 16 de mayo, arribaron a la carretera Panamericana cerca de la María, Piendamó, miembros del Ejército Nacional y Policía Nacional-(ESMAD), quienes procedieron a ubicarse en la parte norte y sur donde se encontraban las comunidades. Hacia medio día la Policía Nacional, haciendo uso de gases y bolillos, intentó despejar violentamente la vía, produciéndose los primeros enfrentamientos en la zona del puente por el sur. Más de 30 miembros de la comunidad resultaron gravemente heridos por la acción de la Policía Nacional -ESMAD, y se produjo la detención de dos personas que fueron trasladados al municipio de Piendamó -Cauca. En las horas de la tarde los enfrentamientos se incrementaron, un número indeterminado de personas pertenecientes a las comunidades permanecieron en la vía, mientras un grupo de la Policía Nacional (ESMAD) se subió a un terraplén y se introdujeron en un cafetal, supuestamente con el objetivo de buscar el control y tener una mayor visibilidad sobre la carretera. En ese punto continuaron los desafíos lo que llevó a que los miembros de la Policía retrocedieran, ocasionando la caída de algunos de ellos. En estos hechos, el grupo policial de refuerzo de la Policía Nacional -(ESMAD), hizo uso de las armas de fuego que portaban y se escucharon varias ráfagas y disparos de fusil. Varios de los comuneros indígenas que se encontraban en el cafetal resultaron gravemente heridos con arma de fuego, entre ellos PEDRO PASCUE CANAS, comunero indígena del Resguardo de Corinto, quien fue trasladado inmediatamente al puesto de salud del Resguardo la María, a donde llegó sin vida.

Mientras las comunidades reunidas en la cumbre, solicitaban la presencia de los ministros de Comercio Exterior, Agricultura, Energía, Interior, Salud y Educación y el Gerente encargado del Incoder para discutir sobre el cumplimiento de acuerdos firmados y la problemática que aqueja a estas comunidades en materia de tierras, salud, educación entre otros aspectos, tres (3) helicópteros artillados de la Fuerza Pública empezaron a sobrevolar el Resguardo de La María a muy baja altura. Minutos después, desde los helicópteros artillados, se comenzó a disparar de forma excesiva e indiscriminadamente gases lacrimógenos contra mujeres, niños y ancianos que se encontraban dentro del resguardo. Los soldados y policías dispararon gases apuntado directamente a las personas que trataban de correr despavoridamente para protegerse. Así mismo, desde helicópteros se atacó tanto el centro de salud, donde se prestaba los primeros auxilios a los más de 30 heridos de la comunidad y tres miembros de Policía Nacional, como a la oficina de comunicaciones que servía de apoyo a las emisoras indígenas y comunitarias del suroccidente colombiano.

También los organismos de control fueron víctimas de este ataque: El carro de la Defensoría Regional que había ingresado al resguardo para mediar en el conflicto y presentar una propuesta, fue atacado pese a tener distintivos de entidad humanitaria y a que tanto las autoridades civiles como militares tenían conocimiento de su entrada al resguardo. El uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía y el Ejército Nacional constituyen graves violaciones a la normatividad interna e internacional en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario que adelante se relacionara.

En la noche del 16 de mayo, se llevó a cabo en la oficina del resguardo una reunión de los dirigentes de las comunidades, el Defensor Regional del Pueblo, Dr. Víctor Meléndez, y la presencia en calidad de veedores de varias organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, entre ellos el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Asociación Minga y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. En esta reunión el Defensor Regional consideró como gesto de acercamiento al diálogo, que las comunidades despejaran a las 5 a.m., media vía de la carretera Panamericana, y que el Defensor Nacional del Pueblo, Dr. Wolmar Pérez, había manifestado su intención de efectuar la gestiones necesarias para que se conformara una comisión de ministros que dialogara con las comunidades asentadas en el Resguardo La María. En desarrollo de ésta reunión, se recibió una llamada del Ministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega quien le manifestó al Consejero Aparicio Ríos que un grupo de viceministros llegaría al Cauca al día siguiente para discutir las propuestas de las comunidades. Allí Se definió presentar esta situación a las comunidades al día siguiente para tomar una determinación. Hacia las 11 p.m., de este mismo día, ingresó al resguardo el Director del Cuerpo Técnico de Investigación del Cauca, junto con otros funcionarios que procedieron a hacer el levantamiento del comunero indígena PEDRO PASCUE CANAS, que estaba siendo velado por la comunidad, en el salón de reunión donde se desarrollaba la cumbre de acuerdo a las tradiciones culturales. En el mismo lugar, los funcionarios del CTI, recogieron versiones sobre la forma en que se produjo el asesinato y todas coincidieron en señalar que los miembros de la Policía Nacional -(ESMAD) accionaron sus armas causando el deceso del comunero indígena.

El miércoles 17 de mayo en horas de la mañana, como acto de buena voluntad, las comunidades despejaron un carril de la vía Panamericana y se dieron a la espera de la comisión gubernamental de alto nivel que se comprometió a llegar antes de la 1 p.m., del mismo día. Teniendo en consideración que el gobierno no llegó a la hora prometida un sector de la comunidad reunida propuso cumplir la palabra y retomar el control de la vía a la 1 de la tarde; sin embargo la mayoría aprobó un plazo hasta las 3 de la misma tarde. Es de destacar que la comunidad en este periodo alertó porqué de forma inexplicable la Policía mantenía cerrada la vía Panamericana desde la una y media de la tarde observando que varios centenares de los uniformados descendían de buses de transporte comercial.

En el transcurso de este tiempo se efectuó una reunión con delegados de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), Defensoría Regional, Procuraduría Departamental, Personería de Piendamó y los voceros de la comunidad con la presencia de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos: El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Asociación Minga y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, en calidad de veedores. Esta reunión tuvo como objetivo establecer las condiciones para garantizar el retorno de los policías del ESMAD, que se encontraban en el resguardo recibiendo asistencia en salud humanitaria.

Hacia las 12:30 p.m., una avioneta y varios helicópteros sobrevolaron el resguardo y cerca de las 2 p.m., del día 17 de mayo, ingresó al resguardo el Coronel Novoa de la Policía Nacional. Efectivamente, el día anterior, la Guardia indígena tuvo que asumir dos situaciones al recoger a tres policías del ESMAD que habían resultado heridos en la acción de penetración al territorio guambiano de La María, Piendamó, por un lado, brindarles protección y asegurar la atención médica ante una muchedumbre enardecida por el asesinato del indígena Pedro Pascué Canas, y por el otro, cerciorarse que el honor militar de la Fuerza Pública no recayera sobre los policías heridos, quienes podrían ser objeto de afectaciones físicas, cuya responsabilidad se endilgara con posterioridad a las comunidades, estas situaciones hicieron urgente y necesaria la presencia de organismos de reconocida labor neutral que verificaran las condiciones físicas y el trato dado a lo uniformados durante la prestación del servicio de salud. Allí mismo, el Coronel de la Policía Rafael Novoa, señaló que la comandancia de la Policía, le había solicitado buscar acercamientos para evitar más confrontaciones y establecer la situación de los miembros del Esmad. Los voceros de la comunidad le presentaron al Coronel NOVOA, entre otros aspectos, las dificultades con los heridos de la comunidad y los policías cuando ingresaron los helicópteros, la falta de condiciones para garantizar su estado de salud, el ataque desmedido contra niños, ancianos, mujeres y demás personas de la Cumbre, el uso de armas no convencionales por parte de la Policía y el uso de armas de fuego. Así mismo, se le planteó la preocupación por los detenidos de Popayán, La María y El Pital. El Coronel tomó nota de la situación y se comprometió a transmitir las inquietudes y denuncias. Pasada media hora que la misión abandonara el territorio de La María con el agente de la Policía Nacional – ESMAD trasladado en el carro de las Naciones Unidas (OCHA)y a solo varios minutos de salir el Coronel Novoa del territorio indígena, la Policía y Ejército Nacional irrumpieron violentamente en las instalaciones del resguardo, donde las comunidades se encontraban haciendo los últimos ajustes a los planteamientos de la cumbre y preparando la reunión con la Comisión Gubernamental que había aplazado su llegada de la 1 p.m. a las 3 p.m. Más de mil hombres de la Fuerza Pública ingresaron a la propiedad privada de carácter colectivo del resguardo con tanquetas de guerra, disparando gases lacrimógenos durante más de cuatro horas, contra hombres, mujeres y niños que trataron desesperadamente de evitar, en los cafetales y montañas, ser afectados por el alto grado decontaminación producido por las descargas oficiales. La situación fue caótica: niños gaseados que no pudieron correr, mujeres tratando de buscar a sus pequeños, ancianos asfixiados, mujeres corriendo y cayendo, en fin, un acto de barbarie y violencia desproporcionada por parte de la Fuerza Pública que ingresó de forma ilegal al territorio de diálogo, convivencia y negociación de La María, territorio sagrado y de propiedad colectiva del pueblo guambiano.

Así, el resguardo de La María, quedó convertido en un campo de guerra por acción de la Fuerza Pública; 29 personas fueron detenidas en las oficinas del Cabildo, en la tienda comunitaria, en el centro de salud, en el salón central de la asamblea, en últimas lejos de la carretera Panamericana; igualmente un número indeterminado de personas resultó gravemente herido. Luego de tres horas, la Fuerza Pública destruyó las instalaciones de asamblea del resguardo La María, la tienda cooperativa, el puesto de salud, la oficina de comunicaciones, la exposición fotográfica entre otros, además quemaron y saquearon viviendas, la cocina colectiva, los dormitorios colectivos, asientos, mesas, útiles de la cocina, baños, destruyeron neveras, estantes, bebidas y vehículos, incineraron motocicletas, bicicletas, equipos de sonido, computadores, equipos de comunicación, televisores, DVD, video-beam, maletines, documentos, dineros y otros elementos, fueron saqueados y quemados. Más de 150 animales murieron a consecuencia de los gases. Los daños fueron incontables. El Ejército rodeó el resguardo, mientras la Policía Nacional ocupó las instalaciones donde se desarrollaba la cumbre. Las comunidades quedaron sitiadas. Al final de la tarde, el Secretario de Gobierno departamental, ingresó imprudentemente al resguardo indígena de La María, acompañado del Procurador provincial donde se reunió con algunos líderes en la cancha de fútbol, sin embargo y después de esta arremetida militar la comunidad se negó a continuar conversación alguna.

El jueves 18 de mayo, la comunidad estuvo sitiada y arrinconada en un estado de zozobra permanente, se presentaron bloqueos alimentarios y se obstaculizó la labor de los equipos de salud por parte de la Fuerza Pública. La situación fue muy tensa, varias personas intentaron salir infructuosamente del resguardo. Se efectuaron reuniones y se definió la conformación de una misión humanitaria, compuesta por Naciones Unidas, órganos de control del Estado, la Iglesia y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, para establecer los daños humanos y materiales y los mecanismos para la libertad de las personas detenidas en el Comando de Policía de Piendamó y el regreso a las filas de dos oficiales del ESMAD, a quienes se les prestaba asistencia en salud por parte de las comunidades. En horas de la tarde llegaron al resguardo el Defensor Nacional del Pueblo, Wolmar Pérez, el delegado de asuntos étnicos de la Defensoría del Pueblo Gabriel Muyuy, el representante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Alexander López, el Senador Gerardo Jumy, el Presidente de la ONIC, Luis Evelis Andrade, entre otros y donde participaron además delegados de la Procuraduría Regional, Defensoría Regional, Personería de Piendamó y las organizaciones de derechos humanos que habían estado presentes desde el primer día en la cumbre, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Asociación Minga y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Una vez realizada esta reunión, la comisión se dirigió al lugar ocupado por la Policía Nacional y procedió a efectuar una verificación de los daños materiales. Minutos más tarde llegó el Señor Raúl Rosendi de la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) y los señores Luis Olmedo y Juan Mayer del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quienes también verificaron los daños.

En este documento se plasma la verificación efectuada por las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, así como la cuantificación parcial de los daños, efectuada por las comunidades. Posteriormente, el Defensor Nacional del Pueblo, se dirigió a El Pital a conversar con las comunidades, asentadas en el lugar. En horas de la noche y mientras la comisión esperaba en el salón de reuniones del resguardo, que se calmara la lluvia, varios miembros de la Fuerza Pública ingresaron al lugar, algunos de ellos portando palos enrollados en alambre de púas, los cuales fueron utilizados para herir a los miembros de las comunidades. Los policiales, al percatarse que los presentes, entre ellos el Defensor Nacional del Pueblo, se habían dado cuenta de esta situación, trataron de esconderlos, pero la Procuradora Provincial y un defensor comunitario, lograron recuperarla y se tomó la respectiva fotografía, lo que demuestra el uso de armas no convencionales proscritas por el derecho internacional humanitario. En horas de la mañana del viernes 19 de mayo, la comisión se dirigió a la estación de policía de Piendamó, donde se encontraban las personas detenidas. Se verificó que algunos presentaban heridas de gravedad confirmando que los detenidos fueron filmados y fotografiados por agentes de civil. Una vez llegó al lugar el Defensor Nacional del Pueblo, se procedió a subir los detenidos en una chiva o bus escalera, que se dirigió al resguardo de La María, donde se había preparado un acto público en la cancha de fútbol. La actividad se inició a las 11 de la mañana, con la presencia del Defensor Nacional del Pueblo, Wolmar Pérez, el Coronel de la Policía Rafael Novoa, el delegado de pueblos Indígenas Gabriel Muyuy, varios delegados de la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), el representante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Alexander López, el Senador Gerardo Jumy, el Presidente de la ONIC, Luis Evelis Andrade, el padre Darío Echeverri, la Procuraduría Regional, la Defensoría Regional Cauca, la Personería de Piendamó y las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos así como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Asociación Minga y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, entre otros, y la participación de mas de doce mil miembros de las comunidades indígenas, campesinos, afrodescendientes y sectores urbanos. Allí se presentaron los objetivos de la cumbre, intervinieron varios de los delegados que denunciaron las graves VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS y derecho internacional humanitario y finalmente se constató el regreso, por parte de los delegados nacionales e internacionales, de los dos miembros del ESMAD, en perfecto estado de salud. Posteriormente, se hicieron reuniones y a las 22 horas del día 19 de mayo la Fuerza Pública salió del resguardo de La María dejando tras su paso destrucción, desolación y muerte.

El sábado 20 de mayo, después de una acción de verificación de los daños y un proceso de limpieza del lugar, se reactivó el trabajo de la cumbre, se efectuaron varias reuniones y se trabajó por comisiones, emitiendo las primeras conclusiones sobre el acontecimiento y fijándose un cronograma de actividades, en horas de la tarde, de forma pacífica, como habían llegado, las comunidades en su gran mayoría salieron del resguardo. La Constitución Política de Colombia establece la Jurisdicción Indígena (Art. 246), designa los territorios indígenas como “entidades territoriales” al igual que los departamentos, distritos y municipios (Art. 286) y asigna a las autoridades de los Cabildos y sus concejos “funciones específicas para el mantenimiento del orden público dentro de su territorio” (Art. 330). Así mismo Colombia ratificó el Convenio 19 de la OIT, que lo obliga a proteger de manera especial a los pueblos indígenas y respetar su autonomía y territorio. Sin embargo los graves hechos ocurridos en La María – Piendamó, demuestran cómo las políticas gubernamentales están dirigidas a dar un tratamiento de guerra y tierra arrasada a los conflictos sociales, con graves pérdidas humanas e incontables daños morales, sicológicos y materiales para las comunidades, que constituyen graves VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS y al derecho humanitario, tales como el principio de distinción, la prohibición del uso de la fuerza y armas de fuego para reprimir protestas civiles, el empleo de armas no convencionales, los actos vandálicos ocasionados por personal uniformado, la violación de preceptos constitucionales que establecen el empleo de la fuerza solo en situaciones excepcionales: “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza”, el allanamiento sin orden judicial a sangre y fuego de un territorio colectivo y otros innumerables hechos, los cuales deben ser investigados, juzgados y sancionados por los órganos judiciales y de control y no solo cobijar a los autores materiales de los hechos, sino además a las autoridades civiles y militares que dieron las órdenes”.