eltiempo.com
17 de febrero de 1994
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La Corte Suprema de Justicia dejó en firme ayer la condena impuesta contra cinco personas, entre ellas Fidel Castaño, Rambo , como responsables de las masacres de las fincas Honduras y La Negra y Punta Coquitos, uno de los más cruentos episodios ocurridos en la zona de Urabá en 1988. La Corte confirmó las penas entre 12 y 27 años de prisión que el Tribunal Nacional fijó al ex alcalde de Puerto Boyacá, Luis Rubio Rojas, y en contra de Hernán Giraldo Serna y Adán Rojas Ospina, en calidad de autores intelectuales de la masacre de los trabajadores bananeros.
El fallo afecta también con condena de 27 años de prisión a Ricardo Rayo, confinado en la cárcel Modelo de Bogotá y acusado de homicidio con fines terroristas.
La Sala Penal de la Corte Suprema confirmó el fallo del Tribunal Nacional y avaló las penas de 20 años de prisión para Castaño; 12 años para Rubio; 20, para Giraldo y Rojas y 27 años para Rayo.
La corporación no aceptó casar la sentencia proferida por el Tribunal al argumentar que dentro del proceso no se incurrió en irregularidades que pudiesen llevar a decretar una nulidad de la actuación .
La Corte acogió, a la vez, los argumentos del Tribunal Nacional que conoció del caso en segunda instancia y dijo que las pruebas e indicios recaudados durante la investigación arrojan suficientes luces para declararlos culpables de homicidio y concierto para delinquir.
Los abogados de los procesados habían alegado que durante el proceso no habían sido tenidos en cuenta los términos judiciales ni se habían decretado la totalidad de las pruebas, ante lo cual se violaron los derechos al debido proceso y defensa de sus clientes.
El fallo La Corte Suprema, sin embargo, desechó los argumentos de los abogados y precisó que es evidente, y no hay prueba alguna, de que durante el proceso adelantado por estas masacres en marzo de 1988 en Urabá se hubiese incurrido en anomalías procesales .
A juicio de la corporación, no es viable decretar entonces la nulidad de lo actuado y menos, explicó la Corte, proceder a conceder el recurso de casación contra la sentencia del Tribunal.
El genocidio ocurrió entre la noche del 4 de marzo de 1988 y la madrugada del 5, cuando un grupo de asesinos provistos de fusiles R-15 llegó a los alojamientos de los trabajadores y, después de llamarlos a lista, los fusiló.
En la finca La Honduras fueron masacrados 17 trabajadores bananeros, en La Negra, tres labriegos, mientras que en el sitio La Recuperación Punta Coquitos perecieron 30 trabajadores.
La investigación estuvo a cargo inicialmente de la juez segunda de Orden Público de Bogotá, Martha Lucía González, funcionaria que luego debió abandonar el país por amenazas de muerte. Su padre, ex gobernador de Boyacá, Alvaro González, fue asesinado poco después en Bogotá.