El próximo martes, el coronel de Infantería tiene una cita con el pasado.

eltiempo.com
u.investigativa@eltiempo.com.co
Domingo 25 de septiembre de 2011
http://m.eltiempo.com/justicia/coronel-henry-rodrguez-enredado-en-muerte-de-campesino/10429926

Ese día, una fiscal de derechos humanos le tomará indagatoria en el Consulado de Colombia en Uruguay, dentro del proceso por el rapto, tortura y ejecución, hace 19 años, de Ómar Zúñiga, un campesino de los Montes de María.

Henry Mauricio Rodríguez Botero se encuentra en Montevideo en un curso de defensa nacional para lograr finalmente su ascenso.

Pero la Fiscalía quiere que antes aclare cuál fue su participación en este crimen, perpetrado por varios hombres bajo su mando en la Brigada de Infantería de Marina No. 1.

El proceso que persigue a Rodríguez ya le costó una condena a la Nación en 1999, impuesta por el Tribunal Administrativo de Bolívar. Sin embargo, aún no hay responsables directos, y la madre del campesino, Amira Vásquez, se niega a que el caso quede impune.

Amira tiene 70 años y el día en que se llevaron a su hijo se subió al mismo camión y, luego, vio cómo lo torturaron y quemaron con ácido.

”Ese día, llegaron unos 30 hombres a la casa, nos tiraron al piso y a Ómar le pusieron un costal de arroz en la cabeza y se lo llevaron”, le relató a EL TIEMPO Amira, quien también fue retenida y sometida a torturas.

”Me bajaron en el colegio de San Cristóbal (en San Jacinto, Bolívar) y me encerraron en un baño, desde donde oí cómo le pegaban a mi hijo. Un día después, me dejaron subir al camión y lo encontré aporreado, reventado y con la espalda quemada. Uno de los soldados (Becerra) le metía la mano en la boca y le preguntaban si él era guerrillero”.

El estado del muchacho, de 24 años, era tal que la mujer le dio plata y le rogó a uno de los soldados que le comprara una pastilla para el dolor.

”Pero la pastilla no llegó. Luego, le pusieron un uniforme, lo tiraron al frente de cerro Catiro y me dijeron que lo iban a dejar ir. Allá lo vi por última vez, con 4 soldados”.

La ejecución sumaria

Amira fue abandonada un día después cerca de María la Baja, desorientada y con la advertencia de que se cuidara porque la podían matar.

Tras una semana, su hijo fue hallado con un tiro en la cabeza y la mandíbula fracturada. ”Los goleros (chulos) ya se habían comido casi todo el cuerpo. Lo pudimos identificar porque él se mochó un dedito de la mano izquierda y tenía el mismo escapulario”, recuerda la madre.

Ella denunció el caso ante los militares e incluso fue hasta la Brigada a identificar a los uniformados que participaron en el crimen, pero el proceso nunca prosperó.

Ahora -tras los alegatos de su abogado, Daniel Prado- la Fiscalía 80 de Derechos Humanos intenta establecer dónde están los implicados y si Rodríguez -quien comandaba en ese entonces la patrulla involucrada en estos hechos- participó en la ejecución.

El expediente también está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que lo asumió a raíz de que la Justicia Penal Militar cesó todo procedimiento contra los implicados.

El pasado 19 de septiembre, el coronel Rodríguez -ex comandante de la Brigada Fluvial del Guaviare- estaba citado a indagatoria en Bogotá, pero nunca llegó y algunos de sus compañeros desconocen su paradero: ”Al parecer, se fue a Venezuela como parte del curso”, dijeron.

El caso es de tal relevancia que la Fiscalía decidió ir a buscar al oficial a Uruguay y el Estado ya les propuso a los abogados de la familia ante la CIDH (el Colectivo José Alvear) una conciliación.

El caso fue archivado

Justicia Penal Militar cesó procedimiento

Aunque el coronel Rodríguez no respondió los mensajes dejados en el Consulado en Montevideo, EL TIEMPO estableció que para la justicia militar este es un caso cerrado. En 1992, el Juzgado 103 de Instrucción Penal Militar de Cartagena se abstuvo de capturar a los infantes Álvaro Pérez, Carlos Arango, Enrique Ibáñez y Miguel Ortega. En 1996, se declaró extinta la acción por la muerte de Ortega y Pérez. Y en 1997, aunque el caso se envió a la justicia ordinaria, el Tribunal Superior Militar ordenó cesar todo procedimiento. Ese año, la Fiscalía halló mérito para reabrir el caso.

Buscan conciliar

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió, en el 2006, admitir la demanda contra el Estado colombiano, que durante meses se negó a enviar los requerimientos que ese tribunal le hacía. Según los Zúñiga, hace algunos meses el Gobierno colombiano les propuso conciliar la demanda; sin embargo, ellos rechazaron la propuesta.