El 41 por ciento de los miembros de las Fuerzas Militares investigados disciplinariamente por la Procuraduría durante el último año fueron absueltos. Del total de quienes estuvieron incursos en este tipo de procesos (246), el 14.1 por ciento, esto es 36, recibieron la máxima sanción aplicable por el organismo fiscalizador: solicitud de destitución.

eltiempo.com
Autor JORGE GONZALEZ
6 de marzo de 1991
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-36572

Treinta de los implicados fueron castigados con solicitud de suspensión en el ejercicio de sus funciones, que oscilaron entre cinco y treinta días. Los restantes fueron cobijados por multas y amonestaciones.

Estos datos están contenidos en informes consolidados conocidos por el EL TIEMPO que consignan información relativa al trámite surtido por las averiguaciones disciplinarias de enero de 1990 hasta el 15 de febrero de 1991.

Pese a la densa carga de trabajo de la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares, motivada en buena parte por la proliferación de quejas sin mayor fundamento, solo fueron conocidos nueve casos de prescripción.

La mayor parte de los 36 casos que llevaron a la Procuraduría a solicitar la separación definitiva de miembros de los organismos castrenses se refieren a malos tratos y torturas a particulares y a la muerte de 12 personas en hechos aislados y relacionados con excesos en acciones orientadas a combatir las guerrillas.

Dos casos guardan relación con nexos de personal uniformados con el narcotráfico y los demás tienen que ver con irregularidades que afectaron la libertad de personas.

También fue reprimido disciplinariamente un hecho de corrupción administrativa que determinó la destitución de los oficiales de la Armada Jairo Salazar Medina y Juan Carlos Ochoa Marulanda y del suboficial Ricardo López Castaño, comprometidos en malos manejos en el Fondo Rotatorio de la institución.

Entre los hechos más relevantes que incluyeron la muerte de personas se encuentra el que motivó la máxima sanción al mayor Alvaro Pérez Diaz, entonces jefe del comando operativo Número 11 del Ejército en el Urabá; del capitán Pedro María Rodríguez González; del cabo segundo Pedro Julio Martínez Acosta y del cabo primero Libardo Larrota Hernández, miembros de la misma unidad.

Los cuatro estuvieron comprometidos en la tortura y muerte de Bernardo Franco y Argemiro Giraldo, en hecho ocurridos en julio de 1985 en San Pedro de Urabá (Antioquia).

Hasta el momento, el Gobierno, representado en estos casos por el Presidente de la República y su Ministro de Defensa, han hecho efectivas seis de las 31 destituciones.

La última decisión del Ejecutivo en este frente de acción disciplinaria data del 6 de febrero, cuando fueron expedidos los decretos 368 y 373 que dispusieron la separación definitiva del Ejército del capitán Fernando Carvajal Rodríguez y del mayor Angélico Bustos Peña.

Los dos aparecieron comprometidos en la desaparición y muerte de tres guerrilleros de las FARC capturados en un retén en Villagarzón (Putumayo).

Hasta ahora el único caso que ha llevado a condena en el campo penal es el del conductor Camilo Reynel Rodríguez, capturado después de que el camión número 3005 se estrelló llevando un cargamento de éter y acetona, sustancias básicas para el procesamiento de cocaína. Su destitución fue solicitada por la Procuraduría mediante resolución número 249 del 14 junio de 1990. El Nuevo fiscal La vigilancia del estamento castrense está a partir del lunes a cargo del ex magistrado antioqueño César Uribe Restrepo.

El jurista, que remplaza en esa posición a José Plinio Moreno, dijo que no aún no está en capacidad de analizar estas cifras, pero dijo que una vez se empape de la actividad cumplida por la delegada iniciará una tarea con la que busca contribuir para preservar y fortalecer el buen entendimiento que debe imperar en las relaciones entre los hombres de armas y la Procuraduría.

Dijo que tiene fe en que ninguno de los dos organismos de sienta afectado en razón de las decisiones que haya que tomar dentro del marco de la legalidad.

Su posesión se produce apenas dos semanas después de que el ministro de Defensa, general Oscar Botero Restrepo, habló del síndrome de la Procuraduría para significar que la forma como el organismo fiscalizador ha venido actuando ha hecho que los oficiales sientan temor de operar. Los sancionados En orden cronológico, las solicitudes de destitución –dispuestas, en instancia definitiva, entre enero de 1990 y febrero de 1991– afectan a los siguientes militares: Luis Albeiro Sánchez Vélez, cabo primero de la Escuela de Caballería del Ejército; George Alfredo Gámez Enríquez, comandante de la Base Militar de Florencia; Yesid Cetré Mosquera, cabo primero del Ejército en Medellín; Gonzalo Castillo González, subteniente de la Base Militar Serviez en el Meta; Orlando Escobar, suboficial de la misma unidad del anterior; Héctor Alirio Forero Quintero, oficial del Ejército adscrito a la Quinta Brigada; Mario Blanco Esteban, contador del Batallón de Fusileros Número 7 de la Armada Nacional en Bogotá; Sereth Castro Janoy, cabo primero del Batallón Caicedo en Chaparral; José Adán Forero Quintero, sargento segundo del Ejército en Andes (Antioquia); Oscar Moreno Mora, sargento segundo del Ejército en Medellín; Jaime Ibarra Montáñez, cabo primero del Ejército, en Cúcuta; Giordano Labrador Salguero, suboficial del Ejército en Chaparral; Luis Enrique Galvis Peña, cabo segundo del Ejército en Tame (Arauca); Franklin Córdoba Castro, cabo segundo en Tame (Arauca); Marco Aurelio Quintero Torres, capitán del Ejército en Ibagué; Gustavo Adolfo Duque Rodríguez, subteniente del Ejército en Riosucio (Caldas).