El Consejo de Estado ordenó a las F.F.A.A. indemnizar a la familia de Misael Antonio y Luz Mireya Pérez Aguirre, muertos por tropas del Tarqui en 1991 en la vereda Sisvaca.

eltiempo.com
25 de junio de 2009
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Los falsos positivos del Ejército no son nuevos en Boyacá: el 11 de marzo de 1991 tropas del Batallón Tarqui dieron muerte a cuatro personas en Aquitania y las hicieron aparecer como guerrilleros.

Los militares reportaron el hecho como un combate contra integrantes de la guerrilla que venían extorsionando a los habitantes de la región. Para reforzar la versión, pusieron armas junto a las víctimas.

Los asesinatos ocurrieron en la vereda Sisvaca, sector bastante retirado del casco urbano de Aquitania.

Dos de las víctimas fueron Misael Antonio Pérez Aguirre y su hija Luz Mireya Pérez Aguirre.

La esposa de Misael Pérez y madre de Luz Mireya, al igual que otros familiares de las víctimas, pidieron mediante apoderado judicial que se declarará a la Nación, al Ministerio de Defensa y al Ejército responsables por la muerte de sus seres queridos.

Mediante sentencia del 9 de diciembre de 1998, el Tribunal Administrativo de Boyacá negó las pretensiones formuladas en la demanda, por estimar que, de conformidad con las pruebas aportadas al plenario, no se encontró acreditada la falla del servicio alegada por los actores, pues se demostró que las víctimas eran guerrilleros que realizaban actividades al margen de la ley.

Este fallo fue apelado ante el Consejo de Estado, que en reciente resolución revocó la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá y condenó al Ejército, a la Nación y al Ministerio de Defensa a indemnizar a la familia de Misael Antonio y Luz Mireya Pérez Aguirre.

El Consejo de Estado emitió este fallo al encontrar responsable al Ejército de las muertes de Misael y su hija.

En la sentencia el alto tribunal explica que no obra prueba alguna en el plenario que indique que las víctimas eran miembros de la guerrilla, mucho menos que integraran el frente 38 de las Farc o que alguno de ellos hubiere tenido participación en los actos de atraco y extorsión que habrían azotado a la población.

”Por el contrario, está demostrado que las víctimas eran humildes campesinos y que el señor Misael Antonio Pérez Aguirre era militante del partido político de la Unión Patriótica, motivo este por el que habría sido asesinado según lo manifestaron los actores”, señala el fallo del Consejo de Estado.

Agrega que ninguna de las víctimas tenía antecedentes penales ni deudas con la justicia, según lo indicó el Director Seccional del DAS de Boyacá.

El propio alcalde de Aquitania de entonces (1991), Efraín Orlando Sánchez Zambrano, aseguró que conocía personalmente a Misael Antonio Pérez y a su hija, de quienes dijo que eran personas de bien y que nunca tuvieron problemas con la justicia.

”Manifestó que militaban en el partido político de la Unión Patriótica y que, para la época de los hechos, el orden público no se encontraba alterado en Aquitania”, indica el texto del fallo.

Ramón Romero García Quiñones, quien se desempañaba como Juez Promiscuo Municipal de Aquitania para la época de los hechos y quien fue el encargado de practicar el levantamiento de los cadáveres, atestiguó que en toda la población se decía que las víctimas eran personas trabajadoras de la región.