Amnistía Internacional
Indice AI: AMR 23/29/90/s
Julio de 1990
http://www.amnesty.org/es/library/asset/AMR23/029/1990/es/2ba8d56a-ee67-11dd-96f1-9fdd7e6f4873/amr230291990es.html

Amnistía Internacional siente inquietud ante la matanza de civiles no combatientes en Puerto Valdivia, departamento de Antioquia, por parte del ejército colombiano en abril de 1990 tras un enfrentamiento armado en la región entre la guerrilla y efectivos del ejército regular.

El 17 de abril, tuvo lugar un enfrentamiento armado en la región de Puerto Valdivia, departamento de Antioquia, entre miembros del grupo de oposición armada Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) y miembros de la Brigada Móvil del Batallón Girardot bajo el mando de la IV Brigada con base en Medellín, capital de Antioquia. Dos días más tarde, el 19 de abril de 1990, unos seis campesinos de Puerto Valdivia fueron detenidos por miembros de la Brigada Móvil del Batallón Girardot. Parece ser que se efectuó la detención porque se sospechaba que estaban vinculados a las FARC. El 23 de abril, los cadáveres de los campesinos fueron encontrados en una fosa común cercana a la granja ”La Esperanza”. El comandante de la IV Brigada del ejército manifestó a la prensa que los seis campesinos habían muerto en combate. Sin embargo, todos los cuerpos habían sido atados y al parecer las víctimas habían sido torturadas antes de que les dispararan. Amnistía Internacional ha conseguido los nombres de cuatro de las víctimas. Se trata de María Zenaída García Gómez, de 32 años y madre seis hijos; Luz Elida Duque García, de 22 años; Ramón Evelio Rua, de 38 años; y Horacio Graciano, de 34 años.

Más de 1.000 campesinos de la región protagonizaron una manifestación el 1 de mayo en Puerto Valdivia para protestar por la matanza. Según los informes, las protestas fueron duramente reprimidas y varios manifestantes resultaron heridos. Al parecer, un campesino, Horacio Legarda, y un soldado resultaron muertos durante la protesta que duró dos días y durante la cual los campesinos bloquearon la carretera costera de Puerto Valdivia. Los campesinos habían exigido la apertura de una investigación oficial en torno a la matanza, la exhumación de los seis cadáveres y garantías de que se protegería la integridad física de los supervivientes.

El 20 de mayo, pistoleros sin identificar abatieron a tiros en su domicilio de Puerto Valdivia a Ricardo Henry Montenegro Paz, dirigente comunista y presidente del consejo municipal de esta localidad por la coalición de izquierdas Unión Patriótica (UP). Al parecer, Henry Montenegro había denunciado varias matanzas relacionadas entre sí en la región y las había atribuido al grupo paramilitar Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN). Había recibido varias amenazas de muerte.

El grupo paramilitar MRN es uno de más de 140 grupos paramilitares reconocidos por las autoridades que actúan en el país. Investigaciones judiciales e independientes han establecido que muchos de estos grupos fueron creados, y operan actualmente, bajo las órdenes de las fuerzas armadas colombianas.

INVESTIGACIONES

Se creó una comisión oficial para investigar la matanza de los seis campesinos en Puerto Valdivia y el 4 de mayo la comisión, compuesta por funcionarios de la oficina del Procurador General, del Departamento de Investigación Criminal y de la Policía Judicial, se trasladó a Puerto Valdivia. Según los informes, durante la visita inicial a la región, en la que se había previsto una visita a la granja de ”La Esperanza” a fin de recoger el testimonio de los testigos del incidente, la zona se encontraba sometida a bombardeos aéreos y la comisión tuvo que retirarse. Según los últimos informes aparecidos en la prensa, tras la investigación del Procurador General se ha recomendado la interposición de un pliego de cargos contra 11 miembros del ejército implicados en la matanza, entre ellos dos capitanes, dos sargentos y un subteniente.

Si los procedimientos disciplinarios confirman la responsabilidad de los miembros de las fuerzas armadas cuyos casos se han investigado, el Ministerio Público puede adoptar medidas disciplinarias contra los implicados. Sin embargo, en la mayoría de los casos conocidos por Amnistía Internacional, los miembros de las fuerzas armadas identificados por el Ministerio Público como autores de violaciones de derechos humanos, tales como ejecuciones extrajudiciales, han sido absueltos o se retiraron los cargos en su contra cuando sus casos pasaron a tribunales militares.

Entre las anteriores matanzas registradas en Puerto Valdivia se encuentran las siguientes:

El 17 de diciembre de 1989, parece ser que unos cinco hombres armados llegaron a mediodía a Puerto Valdivia y abatieron a tiros a cinco personas, entre ellos a tres dirigentes de la UP. Se trataba de Martín Gutiérrez, concejal de la UP de 40 años; Gerardo Moncada, farmacéutico; Orlando David, camarero; Luis Alvarez y Enrique Granada, ambos adolescentes.

El 4 de diciembre de 1988, un grupo de hombres armados llegó a Puerto Valdivia a alrededor de las 8:00 de la tarde y empezó a disparar contra los habitantes de la localidad. Entre las seis víctimas se encontraban dos militantes de la UP, José Antonio Agudelo y Orlando de Jesús Pérez Gallego. Los nombres de las otras víctimas son los siguientes: Benhur García, Rubén Moreno, Rodolfo León Usuga y Manuel Salvador Ladino. Según informes, antes de llevarse a cabo el ataque a la localidad, se habían retirado los numerosos puestos de control militares en las carreteras.

La mayoría de los ataques contra grupos de civiles no combatientes en Colombia ocurren en zonas rurales bajo estricto control militar como resultado de las actividades de la guerrilla. Al parecer, a veces se trata de asaltos indiscriminados contra comunidades enteras que son víctimas de tales incidentes por su aparente apoyo a fuerzas políticas izquierdistas y a menudo porque candidatos de la UP o del Partido Comunista han sido elegidos alcaldes de consejos municipales. Sin embargo, en muchos otros casos, la muerte de civiles no combatientes parecen llevarse a cabo como medida de represalia directa por los ataques de la guerrilla contra personal militar y con la supuesta intención de intimidar a la población civil. Según informes, en los meses de enero y febrero de este año el ejército reaccionó a las acciones armadas de las FARC y del Ejército Popular de Liberación (EPL) en la región de Magdalena Medio con bombardeos aéreos de la población civil como método de disuasión. Esto ha provocado el desplazamiento forzoso de un gran número de campesinos a centros urbanos tales como Barrancabermeja.

A finales de abril de 1990, más de 16 personas desaparecieron en Trujillo, departamento de Valle del Cauca, días después de la militarización de la zona debido a una emboscada efectuada por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo de oposición armada, contra una patrulla del ejército. El cura de la localidad que había estado ayudando a los familiares de los afectados desapareció a su vez y su cuerpo mutilado fue encontrado una semana más tarde. La gente de Trujillo cree que las desapariciones fueron un acto de represalia directa destinado a intimidar a toda la comunidad. Tras la investigación del Ministerio Público en torno al incidente ocurrido en Trujillo, cuatro miembros de las fuerzas armadas colombianas han sido convocados a prestar testimonio.

Los esporádicos incidentes de matanzas registrados en Colombia en los últimos años se han convertido desde 1988 en ataques generalizados contra grupos de civiles no combatientes en los que han fallecido cientos de hombres, mujeres y niños por todo el país. Los motivos de esta oleada de matanzas parecen ser de diversa índole. Algunos incidentes no parecen tener móviles políticos y han sido atribuidos a conflictos entre grupos criminales rivales. Otras matanzas podrían haber sido incitadas por supuestos terratenientes -a menudo narcotraficantes- que intentan sembrar el terror entre los campesinos para que abandonen sus hogares y su ganado. No obstante, muchas de estas matanzas parecen tener una clara motivación política y formar parte de una campaña de intimidación y de eliminación de supuestos simpatizantes de partidos de la oposición.

El Dr. Horacio Serpa Uribe, Procurador General desde abril de 1988 hasta marzo de 1989, ha manifestado que las matanzas ”no son equivocaciones, ni venganzas particulares. Los sucesos tienen todas las características de ser crímenes políticos cumplidos para castigar adhesiones partidistas, o solidaridades ideológicas, o para amedrentar comunidades enteras, en la idea de mantener situaciones económicas o de impedir el crecimiento de ciertas formas de expresión popular.”