AMNISTÍA INTERNACIONAL
Índice AI: AMR 23/34/95/s
AU 166/957 de julio de 1995
http://www.amnesty.org/es/library/asset/AMR23/034/1995/es/53c282b5-eb45-11dd-8c1f-275b8445d07d/amr230341995es.html

Desaparición forzada y amenazas

Maribel SALDARRIAGA, 19 años
Jaime Barrio
Robinson GRANADER

El 22 de mayo de 1995, personal del ejército de la XVII Brigada detuvo a Maribel Saldarriaga, Jaime Berrio y Robinson Granader en Montepiedra, municipio de Turbo, región de Urabá, departamento de Antioquía. No han vuelto a ser vistos desde entonces y existe honda preocupación por su seguridad.

La información que acaba de recibir Amnistía Internacional indica que Maribel Saldarriaga y sus dos amigos, Jaime Berrio y Robinson Granader, fueron detenidos como presuntos miembros del grupo guerrillero ELP. Según las investigaciones realizadas por los familiares de Maribel Saldarriaga, el ejército la entregó a ella y a sus dos amigos a las fuerzas paramilitares que actúan en la zona.

Desde que denunciaron su «desaparición», los familiares de Maribel han recibido amenazas y el 21 de junio, miembros de un grupo paramilitar registraron su domicilio ilegalmente junto con un brigada de la XVII brigada. Según los informes, éste último estuvo implicado en la detención.

INFORMACIÓN GENERAL

El presidente Ernesto Samper Pizano, que accedió al poder el 7 de agosto de 1994, hizo varias promesas, durante la campaña electoral y después de acceder al cargo, de mejorar la situación de los derechos humanos. Sus promesas incluyen el compromiso de desmantelar a las fuerzas paramilitares.

A pesar de las reiteradas promesas del gobierno de proteger los derechos humanos, los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad colombianas, junto con sus aliados paramilitares, han continuado cometiendo graves abusos casi con absoluta impunidad. Muchos grupos paramilitares tienen su origen en las patrullas de «autodefensa» civil creadas por el ejército en la década de los años ochenta para que actuaran como grupos auxiliares en las operaciones de contrainsurgencia. En los los últimos cinco años, los grupos paramilitares han matado a varios millares de civiles en todo el país. Aunque en 1989, el gobierno colombiano suspendió la justificación jurídica para la formación de las organizaciones paramilitares y emitió unas directivas dirigidas a las fuerzas armadas para que combatieran y desmantelaran estos grupos, las fuerzas paramilitares han continuado matando y haciendo «desaparecer» impunemente a las personas consideradas oponentes. En muchas zonas del país continúan trabajando con el apoyo de las fuerzas de seguridad.