www.frontlinedefenders.org
Publicado el 2008/10/30

Front Line lamenta profundamente el asesinato de Walberto Hoyos Rivas, defensor de los derechos humanos y líder de su comunidad, ocurrido el 14 de octubre de 2008. El defensor era miembro de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), con sede en el distrito humanitario de Caño Manso, en la zona de Curbaradó, Chocó, Colombia, donde se desempeñaba trabajando en favor de las personas desplazadas.

Más información

El 14 de octubre de 2008, aproximadamente a las 13:00 horas, Walberto Hoyos Rivas salía de una reunión de la comunidad cuando, en la carretera que comunica Caño Manso con Belén de Bajirá, se le acercaron dos hombres que se desplazaban en motocicletas, y que fueron identificados como paramilitares. Uno de ellos, conduciendo una moto Honda de color azul, le disparó y lo mató. Después del primer disparo, los hombres se alejaron del lugar, pero regresaron cinco minutos después y volvieron a dispararle en el rostro a Walberto Hoyos Rivas, con el fin de desfigurarlo. Los asesinos habrían robado su teléfono móvil y el teléfono que la comunidad había utilizado para activar alertas.

El mismo día en que fue asesinado, Walberto Hoyos Rivas había sido citado por la Corte Penal de Antioquia para prestar testimonio en el juicio por el secuestro seguido de muerte del líder comunitario Orlando Valencia, en el que se procesa a los paramilitares Julio César Silvar Borja y Pablo José Montalvo. Walberto Hoyos Rivas había testificado anteriormente ante la corte sobre cómo habían planeado y ejecutado la desaparición forzada de Orlando Valencia el día 15 de octubre de 2005 y su posterior asesinato el 24 de octubre del mismo año.

Front Line ya ha hecho referencia a este tipo de hechos el 2 de octubre de 2007, en relación con otro intento de asesinato, relacionado con el caso mencionado. Ocurrió el 17 de septiembre de 2007, cuando un hombre ingresó en el domicilio de Walberto Hoyos Rivas y de Miguel, su hermano, en Belén de Bajirá, y abrieron fuego, hiriendo seriamente a los dos hombres. Como consecuencia de este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió solicitar al Estado la adopción de ”las medidas que sean necesarias para proteger eficazmente la vida y el derecho a un trato humanitario de los miembros del Consejo Comunitario del Jiguamiandó y de las familias de Curbaradó.”

Asimismo, Walberto Hoyos Rivas había prestado testimonio sobre la usurpación por parte de organizaciones paramilitares de territorios colectivos para proyectos agroindustriales en la región de Bajo Atrato: plantaciones de palma de aceite, deforestación intensiva, ganadería extensiva y el desarrollo de estrategias económicas paramilitares en la región. En agosto de 2007, Walberto y Miguel Hoyos Rivas también jugaron un papel fundamental en el regreso de ochenta familias desplazadas a Caño Manso. Estas familias habían sido forzadas a desplazarse por grupos armados ilegales en 1997.

Luego de haberse recuperado del atentado de septiembre de 2007, Walberto y Miguel Hoyos Rivas regresaron a la región de Bajo Atrato. Walberto Hoyos Rivas contaba con medidas de seguridad a cargo de los Ministerios del Interior y de Justicia, las que incluían un guardaespaldas perteneciente al Departamento Administrativo de Seguridad y un vehículo. Sin embargo, el día del asesinato, las personas responsables de la seguridad del defensor no se habían presentado a trabajar, aduciendo que el vehículo que utilizaban para su protección estaba dañado.

Front Line considera que el asesinato de Walberto Hoyos Rivas, defensor de los derechos humanos, fue motivado por sus actividades en defensa de los derechos humanos, especialmente por su labor como líder comunitario y su labor con familias desplazadas en la zona de Curbaradó. En vista de esta situación, Front Line teme especialmente por la seguridad de Miguel Hoyos Rivas, hermano de la víctima, y la de la comunidad reestablecida en Caño Manso. Preocupa especialmente que no haya habido ningún arresto en relación con el ataque contra los hermanos Hoyos Rivas en el año 2007.

Preocupa a Front Line que este asesinato forme parte de una tendencia creciente de hostigamiento contra defensores/as de los derechos humanos y miembros de la comunidad en el área de Curbaradó, al igual que las amenazas telefónicas realizadas contra miembros del CIJP en agosto de 2008 y el secuestro de uno de sus miembros. Front Line ve también con preocupación la proliferación de grupos armados ilegales en la zona humanitaria de Curbaradó.