AMNISTÍA INTERNACIONAL
AGOSTO DE 1995
http://www.amnesty.org/es/library/asset/AMR23/037/1995/es/ee8734bb-eb42-11dd-8c1f-275b8445d07d/amr230371995es.html

PARTE 1

Una región en conflicto

Los departamentos de Cesar y Norte de Santander se encuentran situados en el nordeste de Colombia. La región posee amplias extensiones de tierra fértil muy adecuada para la agricultura a gran escala y para la cría de ganado vacuno. En estos últimos años, ha tenido lugar un proceso de concentración de tierras, a medida que poderosos sectores económicos como los grandes terratenientes, los propietarios de ranchos de ganado o los traficantes de drogas han tratado de adquirir y mantener grandes extensiones de tierra. La falta de inversión estatal y la concentración de la tierra han agravado aún más los problemas económicos de los pequeños terratenientes y los campesinos, muchos de los cuales se han visto obligados a abandonar sus tierras.

Los problemas socioeconómicos de la región han contribuido a la espiral de violencia política. Las fuerzas de guerrilla se han implantado allí con fuerza: tanto las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tienen unidades que actúan en toda la zona.

No obstante, al mismo tiempo, los problemas socioeconómicos que se viven en la zona han dado lugar a la aparición de una fuerte red de organizaciones civiles y populares que se han unido a los sindicatos para tratar de promover un modelo alternativo de desarrollo económico en un esfuerzo por hacer frente a los problemas a que se enfrentan los sectores menos favorecidos de la población. Las manifestaciones populares y las huelgas llevadas a cabo en 1988 y 1989 dieron un nuevo ímpetu al desarrollo de estas organizaciones populares.

Como respuesta a la fuerte presencia de la guerrilla en la región, el departamento de Norte de Santander y la zona sur del departamento de Cesar han sufrido una militarización cada vez mayor. Entre 1992 y 1993 se desplegó en la región la Brigada Móvil Núm. 2. Las brigadas móviles son unidades de contrainsurgencia creadas a principios de los años noventa y compuestas por soldados profesionales que cuentan con un adiestramiento específico y un armamento muy sofisticado, que se despliegan en las regiones del país en las que la guerrilla mantiene enclaves resistentes. Desde su creación, estas brigadas móviles han sido acusadas de violaciones frecuentes y graves de derechos humanos cometidas contra civiles. La Brigada Móvil Núm. 2 tiene su centro de mando en la provincia de Ocaña, departamento de Norte de Santander. Forma parte de la V Brigada, con base en Bucaramanga, departamento de Santander, de la que dependen otras unidades militares que actúan en la región, como el Batallón Santander, la Fuerza de Tarea Núm. 7 o el Batallón «Los Guanos». En el norte de la región actúan unidades militares pertenecientes a la I Brigada, y la Infantería de Marina tiene su área de operaciones en el Río Grande de la Magdalena. Además, en la región hay varias bases militares, como la Base Morrison, en San Martín, la Base Aguas Claras, en Aguachica, o la Base San Alberto, en San Alberto, localidades todas ellas del departamento de Cesar.

Además de la Policía Nacional, entre las fuerzas de seguridad que actúan en la región se encuentran varias unidades del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la Unidad Anti-Secuestro y Extorsión (UNASE) y el Servicio de Investigaciones Judiciales e Inteligencia (SIJIN).

La estrategia de contrainsurgencia

El proceso de militarización ha venido acompañado por un aumento de las violaciones de derechos humanos que se ha ido produciendo a medida que se ponía en práctica la estrategia de contrainsurgencia ya habitual en muchas otras zonas de Colombia. El Procurador General de la Nación describió así la estrategia de contrainsurgencia en su informe de 1992:

Los organismos de seguridad y defensa del Estado están entrenados para perseguir a un enemigo colectivo y por lo general consideran que las víctimas forman parte de él. En buena parte de los casos actúan bajo la premisa que hizo carrera en la guerra en El Salvador de «quitarle agua al pez», lo que significa que se establece una relación directa entre, por ejemplo, los movimientos sindicales o de reivindicación campesina, con los efectivos de la subversión, y cuando se llevan a cabo acciones contraguerrilleras estos sujetos pasivos no son identificados como víctimas «independientes» sino como parte del enemigo. En efecto, los organismos de seguridad y defensa del Estado agreden los derechos humanos de sujetos pasivos independientes porque cometen el error de considerarlos o enemigos o aliados del enemigo.

Esta estrategia se caracteriza por el despliegue de unidades especializadas de contrainsurgencia de las fuerzas armadas, por el empleo de fuerzas paramilitares que en muchos casos están organizadas y adiestradas por las propias fuerzas armadas, y por las violaciones sistemáticas de derechos humanos, que incluyen torturas, ejecuciones extrajudiciales y «desapariciones».

Durante los últimos meses se ha producido un aumento de la actividad de los grupos de guerrilla en la provincia de Ocaña, departamento de Norte de Santander, y en varios municipios del sur del departamento de Cesar, entre los que se encuentran San Alberto, San Martín y Aguachica. El número de violaciones de derechos humanos cometidas por estas organizaciones guerrilleras ha ido en aumento a medida que la presencia de estas organizaciones se ha ido haciendo más sólida en la región.

Entre las víctimas a las que las fuerzas de seguridad y las fuerzas paramilitares someten a violaciones de derechos humanos se encuentran los civiles que forman parte de organizaciones cívicas, como los sindicatos, las organizaciones de campesinos, las organizaciones de derechos humanos y los miembros de partidos políticos legales de oposición. Estos sectores han sido tachados de subversivos no sólo por las fuerzas armadas y los grupos paramilitares sino también por los sectores tradicionalmente dominantes que consideran que los activistas y las organizaciones populares y los políticos de partidos de oposición son un peligro para sus intereses. En muchos casos, las fuerzas de seguridad elaboran «listas de la muerte» de personas a las que consideran colaboradores de la guerrilla, y posteriormente esas listas son utilizadas por las fuerzas de seguridad y por los grupos paramilitares para atacar a civiles.

Ataques contra activistas y organizaciones populares

Un ejemplo de las violaciones de derechos humanos cometidas contra miembros de las organizaciones populares son los homicidios y los ataques contra miembros de la Asociación de Vivienda Popular y Autoconstrucción de Ocaña (ASOVIPA) y del Sindicato de Trabajadores de Obras Públicas de Ocaña (SINTRAMINOBRAS). El 4 de febrero de 1994, Cristóbal Navarro, presidente de ASOVIPA, recibió los disparos de unos pistoleros cuando atravesaba la plaza central de Ocaña. Según los informes, su nombre había aparecido en una «lista de la muerte» de 60 dirigentes comunitarios locales que se creía que había sido elaborada por las fuerzas de seguridad. Aquellos cuyos nombres aparecían en la lista recibieron amenazas de muerte para que abandonaran la región. Al parecer, en el momento del ataque la plaza estaba llena de militares. Varios testigos presenciales capturaron a los dos pistoleros que habían disparado contra Cristóbal Navarro y los dejaron a cargo de una patrulla de la policía. Sin embargo, posteriormente estos dos hombres fueron liberados sin cargos. A consecuencia del ataque, Cristóbal Navarro ha quedado paralizado.

Eliécer Ojeda Jaime resultó muerto el 23 de mayo de 1994 cerca del distrito de Santa Clara, en Ocaña, por los disparos de dos pistoleros que viajaban en una motocicleta. Era presidente de SINTRAMINOBRAS. Al parecer, había recibido amenazas de muerte a consecuencia de su labor sindical, y los informes indican que su nombre aparecía en la «lista de la muerte». Héctor Herrera, que resultó herido de gravedad en ese mismo ataque, es un activista comunitario y miembro de ASOVIPA.

Los ataques contra activistas de ASOVIPA continuaron durante todo el año. El 24 de octubre de 1994, hacia las 5 de la tarde, Hermes Rendón murió por los disparos de dos pistoleros que abrieron fuego contra él en el distrito de Cañaveral, en la ciudad de Ocaña. Según los informes, los habitantes de la localidad reconocieron a los dos pistoleros como miembros de una fuerza paramilitar que actúa en la zona de Ocaña bajo los nombres de «Mano Negra» y COLSINGUE («Colombia sin Guerrilla»). Hermes Rendón, conocido activista cívico, colaboraba estrechamente con ASOVIPA. También era miembro del Equipo de Derechos Humanos de la Provincia de Ocaña.

Otro movimiento cívico que ha sufrido ataques específicos es el Movimiento de Integración Cívico-Comunal, de Pailitas, departamento de Cesar. El cuerpo de Jairo Barahona Martínez fue hallado cerca de la localidad de Curumaní, departamento de Cesar, el mismo día de su «desaparición», el 29 de septiembre de 1994. Había recibido cuatro disparos y había sido torturado. Jairo era un conocido dirigente comunitario, miembro del Movimiento de Pailitas y fundador del Comité de Derechos Humanos local. Varios miembros del Movimiento de Pailitas han recibido amenazas de muerte y han sufrido intimidaciones y hostigamiento desde que se fundó la organización, en 1990. Actualmente, existe una honda preocupación por la seguridad de varios miembros del Movimiento que han recibido amenazas: Carlos Lozano, fundador del Movimiento y presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal; Gustavo Contreras; Miguel Olaya, secretario del Comité de Derechos Humanos; Manuel Ángel Mejía, alcalde del municipio; Jorge Uriel Mejía, presidente del Movimiento, ex concejal y actualmente inspector de las obras de alcantarillado y transporte de agua; y Ramón Torres, ex concejal.

El temor por la seguridad de los miembros del Movimiento de Pailitas se ha visto acrecentado por el reciente homicidio de Ernesto Fernández Fezter, un conocido activista de derechos humanos y fundador del Movimiento que también era dirigente de la Asociación de Educadores del Cesar (ADUCESAR). Le dieron muerte el 20 de febrero de 1995, cuando conducía hacia su casa de Pailitas junto con sus hijos.

Desde el homicidio de Ernesto Fernández, varios testigos presenciales han declarado haber visto a hombres fuertemente armados que rondaban el domicilio de Fernández tanto de día como de noche, actuando de una forma intimidatoria y aterrorizando no sólo a la familia, que no se atrevía a abandonar la casa, sino a todo el vecindario del distrito 27 de Marzo, de Pailitas. Existe preocupación porque este acto de grave intimidación se está llevando a cabo abiertamente en un municipio que cuenta con una fuerte presencia militar a consecuencia de las actividades de la guerrilla en la zona que lo rodea.

Según los informes, el día 11 de mayo de 1995, hacia las 10 de la noche, Miguel Enrique Olaya Pabón, miembro del Movimiento y activista del Comité Municipal de Derechos Humanos de Pailitas, estaba hablando con un amigo en un banco del parque El Jardín, ante su domicilio de Pailitas, cuando cuatro hombres vestidos de civil y con boina entraron en el parque. Miguel Enrique reconoció a uno de ellos como un informador civil del ejército que trabaja con el Comando Operativo Núm. 7, que actúa en la región. Los otros tres fueron identificados como soldados.

Los cuatro hombres rodearon a Miguel Enrique y a su amigo, y en ese momento dos residentes de la localidad entraron en el parque. Uno de ellos se metió en su casa, pero el otro se acercó a Miguel Enrique y a su amigo y les preguntó por qué estaban allí aquellos cuatro hombres. Uno de los hombres replicó, «váyase del parque que esto no es contigo». El recién llegado se negó, y el que le había hablado sacó un revólver y amenazó con matarle: «se retira del parque o le pego un tiro». En ese momento, una mujer que vivía en una de las casas que bordean el parque salió de su casa. Miguel Enrique aprovechó la distracción para correr hacia la mujer y refugiarse en una casa vecina.

El hombre que había recibido la amenaza también se refugió en la misma casa, y dijo a Miguel Enrique que aquellos hombres iban a matarle. Minutos después, los hombres abandonaron el parque y efectuaron un disparo al aire, que fue presenciado por los vecinos que habían salido de sus casas para ver qué estaba sucediendo. El 12 de mayo, Miguel Enrique denunció oficialmente los sucesos del día anterior ante la Personería Municipal de Pailitas.

Según los informes, Miguel Enrique Olaya Pabón había sido advertido por un amigo de que su nombre aparecía en una lista elaborada por el ejército colombiano. En Cesar han aparecido con frecuencia «listas de la muerte» en las que se encuentran los nombres de los dirigentes del Movimiento de Pailitas y otros activistas locales, y muchos de los allí citados han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Al parecer, el nombre de Miguel Enrique aparecía en la lista a causa de su trabajo con el Comité Municipal de Derechos Humanos, y su inclusión se produjo después de una serie de reuniones con los comandantes militares y policiales de la región.

Ataques contra campesinos

Los campesinos que no participan en organizaciones populares se convierten también en muchas ocasiones en víctimas de violaciones de derechos humanos tales como las amenazas de muerte, la tortura, la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada. El único motivo de que sufran este trato es que viven en zonas de actividad guerrillera y, por ello, según parece, son considerados colaboradores o simpatizantes de la guerrilla.

El 4 de diciembre de 1994, hacia la 1 de la madrugada, 15 hombres fuertemente armados que, según se cree, pertenecían a una organización paramilitar llegaron a la aldea de Los Tendidos, municipio de San Alberto, departamento de Cesar. Intimidaron a los campesinos de la aldea y leyeron en voz alta una lista de nombres de personas de la aldea a las que iban a dar muerte. A continuación, fueron al domicilio de la familia Salazar y dijeron los nombres de tres de sus miembros: Eugenio Salazar, Jorge Salazar y Julio Salazar, este último de 72 años de edad. Los ataron a los tres, los torturaron y los mataron.

El 22 de abril de 1995, cinco campesinos murieron a manos de miembros de las Autodefensas Campesinas Colombianas (ACC) en el municipio de San Alberto. Las cinco víctimas fueron: María del Carmen Quiñones Prince, de 42 años, Celestino Benavides, de 46 años, José Aldemar Delgado Castillo, de 44 años, Leonidas Tapiero Maken, de 33 años, y Pedro Pablo Vera Porras, de 32 años. Todos ellos habían participado en la ocupación pacífica de una granja llamada Tokio en el municipio de San Alberto.

Las cinco víctimas fueron secuestradas por unos 15 hombres fuertemente armados pertenecientes al ACC cuando asistían a una reunión en la que estaban presentes unos 40 campesinos de la región. Según informes, los pistoleros llevaban los uniformes militares que suelen vestir los miembros de las fuerzas armadas, y llevaban en el brazo bandas rojas con las iniciales ACC. Llevaban una lista de nombres que utilizaron para separar a las cinco víctimas de los demás participantes de la reunión. Una vez separados, los cinco campesinos fueron llevados a un lugar desconocido. Sus cadáveres fueron hallados cerca de la granja Tokio ese mismo día.

En muchos casos, los civiles que presencian violaciones de derechos humanos se convierten a su vez en víctimas, así como los familiares y amigos de las víctimas iniciales. Manuel Serafín Guerrero fue testigo de la captura de su familiar Pedro Gelvez, detenido por soldados de la Base Militar Morrison el 19 de diciembre de 1992 y que posteriormente «desapareció». El sábado 23 de julio de 1994, el autobús en el que viajaba Manuel Serafín fue interceptado por tres hombres armados a un kilómetro de San Martín, en el departamento de Cesar. Los tres hombres, tras comprobar la identidad de Manuel Serafín Guerrero, le dieron muerte a tiros.

Las investigaciones iniciadas sobre estos homicidios y «desapariciones» no han establecido la identidad de los responsables.

La colaboración entre las fuerzas de seguridad y las fuerzas paramilitares

Aunque, en el pasado, las fuerzas de seguridad han negado tener cualquier relación con las fuerzas paramilitares, a partir de los informes recibidos y de los detalles sobre los casos documentados de violación de los derechos humanos está claro que las fuerzas paramilitares actúan en estrecha colaboración con las fuerzas de seguridad de la región. Con frecuencia, las violaciones de derechos humanos se cometen dentro del contexto de operaciones planificadas y ejecutadas de forma conjunta.

El 29 de julio de 1994, un grupo de unos 20 hombres armados, algunos de los cuales iban encapuchados, irrumpieron en la aldea de Norean, en el municipio de Aguachica, departamento de Cesar. Se creía que estos hombres, de los cuales unos vestían ropas militares y otros ropas de civil, eran miembros de un grupo paramilitar. Obligaron a los aldeanos a agruparse y, a continuación, efectuaron varios disparos al aire y robaron los relojes, el dinero y las joyas de los reunidos. Adriano Portillo resultó muerto cuando los hombres armados derribaron la puerta de su casa y le dispararon varias veces, al parecer por no reunirse con los demás con la suficiente rapidez. Una vez agrupados todos, Javier Contreras Barón, de 70 años, y Álvaro Botello, residentes de Norean, fueron llevados a un lado y muertos a tiros ante la multitud.

Según los informes, en el momento de los homicidios había un control militar y un puesto provisional de la Brigada Móvil Núm. 2 situados a poca distancia de Norean, y unos minutos después de los homicidios un tanque del ejército atravesó la aldea. Sin embargo, los soldados no hicieron ningún esfuerzo por impedir los homicidios o capturar a los responsables.

José Edgar Acosta Quintero fue detenido el 30 de diciembre de 1994 en el distrito de La Gloria, en Ocaña, por agentes de policía que le preguntaron por la identidad de un hombre al que había llevado en su motocicleta. A continuación, los policías le llevaron a la comisaría del distrito de La Primavera, donde le ataron y le esposaron. Lo llevaron a un patio y le amenazaron con matarle si no colaboraba. Después le dijeron que iban a entregarlo a los paramilitares, y le llevaron a otro edificio donde fue torturado por siete hombres vestidos con ropas de civil, que se identificaron como miembros de una organización paramilitar.

Por otra parte, las fuerzas de seguridad no sólo planean y cometen violaciones de derechos humanos en colaboración con grupos paramilitares, sino que, con frecuencia, los propios miembros de las fuerzas de seguridad participan en operaciones paramilitares.

El 1 de octubre de 1994, un grupo de unos 13 hombres fuertemente armados, cuatro de los cuales vestían uniformes del ejército, llegaron a El Páramo, en el municipio de El Carmen, departamento de Norte de Santander, y se identificaron como miembros de las fuerzas armadas. A las 6 de la mañana, montaron un control en la carretera que va a la aldea, y fueron deteniendo a cada vehículo que pasaba para comprobar la identidad de los ocupantes y compararla con una lista que tenían en su poder.

Entre los que interceptaron se encontraban Lorgio Antonio García y su hermano. Según los informes, los paramilitares dijeron a Lorgio Antonio que fuera a buscar a los guerrilleros, y que ellos se quedarían a su hermano como rehén hasta que volviera con la información necesaria. Según testigos presenciales, cuando Antonio García trató de huir fue abatido a tiros. Al parecer, durante todo este incidente los hombres armados permanecieron en contacto constante por radio con el ejército colombiano.

Dos de los paramilitares obligaron a un taxista local a llevarles en su automóvil fuera de aquel escenario. A las 7 de la tarde llegaron unos soldados que montaron un control oficial entre las aldeas de El Páramo y Otaré, registraron todas las casas de las dos aldeas y amenazaron a sus ocupantes. Según testigos presenciales, los dos paramilitares fueron detenidos por los soldados en el control. Al día siguiente, uno de los habitantes de El Páramo identificó a un soldado de una patrulla del ejército de El Carmen como uno de los dos paramilitares en cuestión. Los soldados reaccionaron amenazando a los aldeanos y acusándoles de pertenecer a la guerrilla.

Un incidente que ilustra claramente el estrecho vínculo existente entre las fuerzas de seguridad colombianas y los grupos paramilitares tuvo lugar en la aldea de Puerto Patiño, municipio de Aguachica. El 15 de enero de 1995, por la mañana, 10 hombres armados, de los cuales unos vestían ropas de civil y otros uniformes militares, irrumpieron en la aldea de Puerto Patiño. Fueron a dos bares, La Guapachosa y El Charco, y obligaron a las personas que estaban allí a tumbarse en el suelo. A continuación leyeron de una lista los nombres de nueve hombres: Jesús Ropero, John Hoymar Beltrán Galván, Libardo Montalvo Pérez, Miguel Angel Cáceres Padilla, Fernando López, Giovanny Guzmán, Lorenzo Padilla, José Trinidad Galván y Luis Alberto Reyes, y se los llevaron a un lado. Los obligaron a subir a dos camiones que habían aparcado ante los bares y partieron hacia las montañas cercanas.

A primeras horas del sábado 25 de enero de 1995, los cuerpos de Giovanny Guzmán y Lorenzo Padilla fueron hallados en una tierra que pertenecía a la granja Viuda Blanca. Varias horas después se encontraron los cadáveres de varias víctimas más. Sigue sin conocerse el paradero de José Trinidad Galván. Luis Alberto Reyes Rodríguez fue liberado varias horas después del secuestro.

El 6 de febrero de 1995, el comandante de policía de Aguachica, en una declaración efectuada ante la Dirección de Policía Judicial e Investigación, manifestó que los informes de los servicios de inteligencia señalaban el hecho de que los grupos paramilitares que actuaban en Aguachica estaban respaldados por las fuerzas armadas, y en especial por el comandante de la Base Militar de Aguachica, un comandante del ejército. Según el comandante de policía, este comandante del ejército le había contado su participación en la actividad paramilitar de la región, incluidas las áreas de Aguachica y San Martín. El comandante dijo al oficial de policía, en presencia de un oficial del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que tenía una lista de «sospechosos de subversión», en la que aparecían funcionarios del gobierno local, a los que las fuerzas paramilitares iban a buscar y, posiblemente, a dar muerte. Según los informes, el comandante militar en cuestión se encuentra detenido en el cuartel del la V Brigada, tras la orden de detención dictada en su contra por la Fiscalía General de la Nación.

La investigación llevada a cabo por la Policía Judicial concluyó que los grupos paramilitares que actuaban en el área de Aguachica estaban respaldados por los terratenientes locales y actuaban bajo las órdenes del comandante de la Base Militar de Aguachica. El informe concluyó también que los miembros de la Base Militar Morrison y de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (UNASE) participaban directamente en operaciones paramilitares.