Persiste el coincidente control policial, militar y paramilitar en la región y en las plantaciones de palma aceitera

COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ
Bogotá, D.C Octubre 26 de 2005
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En la mañana de hoy, a eso de las 7:45 a.m nuestra Comisión de Justicia y Paz confirmó a través de fuentes oficiales que luego de un cotejo dactilar, con uno de los dedos del cuerpo de un afrodescendiente encontrado cerca de Chigorodó, que este corresponde a ORLANDO VALENCIA detenido-desaparecido forzadamente desde el sábado 15 de octubre.

Los restos de ORLANDO fueron encontrados con un tiro en la frente, con signos de haber sido amarradas sus manos y con las prendas que portaba el día en que fue desaparecido. Por su avanzado estado de descomposición fue difícil la identificación dactilar. De acuerdo con los técnicos investigadores ORLANDO fue asesinado hace varios días por los mismos paramilitares que arrojaron sus restos en el río León, los cuales aparecieron en el punto Bocas de Zábalo.

Hoy a las 5:00 a.m. la esposa y una de las hijas de ORLANDO VALENCIA, partieron de la Zona “Bella Flor Remacho” junto con integrantes de PBI, PASC Canadá y nuestra Comisión de Justicia y Paz hacia Chigorodó para reclamar los restos del líder comunitario, los que fueron sacados de la morgue de este municipio.
Se calcula que solo hasta avanzadas horas de la tarde logren llegar al municipio de Chigorodó, pues debido a las acciones militares y paramilitares se experimenta un gran terror de atravesar las plantaciones de Palma por donde el camino es mucho más corto para llegar hasta Chigorodó. Los familiares han expresado su deseo de darle cristiana sepultura en el Territorio Colectivo del Jiguamiandó.

Hace dos días fue encontrado el cuerpo sin vida de un afrodescendiente en Bocas de Zabalo a unos 30 minutos de Chigorodó, sin que se lograra saber con certeza si se trataba o no de ORLANDO VALENCIA. ORLANDO era padre de 7 hijos, la mayoría menores de edad, a su esposa y a su madre y a los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y Curvaradó que fueron testigos de su compromiso cotidiano por la Vida y el Territorio le embarga un profundo dolor.

Nuestra Comisión de Justicia y Paz ha exigido al gobierno Nacional brindar garantías a la comunidad de afro-descendientes, a la familia de ORLANDO y a sus acompañantes internacionales y nacionales para que puedan disponer de los restos de su familiar y conocido, debido a que en el lugar continúan desarrollándose operaciones de presión, de intimidación y de control paramilitar en complicidad con las estructuras policiales y de la Brigada 17 que se constata en la región.

ORLANDO fue desaparecido forzadamente en presencia de integrantes del Proyecto de Acompañamiento a Comunidades, PASC/Canadá, de pobladores de la región y de un abogado defensor de Derechos Humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz, el pasado 15 de octubre, luego de haber sido detenido arbitrariamente por la policía. En el momento de su desaparición pobladores, entre ello ENRIQUE PETRO y acompañantes fueron amenazados y seguidos por ”civiles” de la estrategia paramilitar en medio de la presencia policial.

Al grave daño irreparable a la vida de ORLANDO que afecta profundamente a los afrodescendientes, se suma la Detención Arbitraria y hasta el momento Desaparición Forzada de BERNARDO PEQUI DIAZ el pasado 9 de octubre. El afro-descendiente habitante de Bartolo, territorio jurisdicción del municipio de Murindó, fue llevado a la fuerza por efectivos de la Brigada 17 del ejército en desarrollo de operaciones militares regulares, sin que se conozca hasta hoy su paradero.

El fin de semana pasado entre el jueves 20 y sábado 22 de octubre, una comisión gubernamental y estatal y no gubernamental y de iglesias, entre ellos la Embajada de Canadá, ALIANZA /organizaciones Sociales, de Paz y Derechos Humanos/, la Comisión Colombiana de Juristas, la Red Ecuménica de Colombia con delegados de la iglesia de Brasil, Peace Brigades International, PBI, Christian Aid Gran Bretaña y nuestra Comisión de Justicia y Paz fue seguida durante su presencia en Belén de Bajirá. Esta comisión pudo constatar la siembra de palma, las afecciones a la biodiversidad y recibió testimonios de las acciones paramilitares y militares entre Curvaradó y las Zonas Humanitarias del Jiguamiandó.
Las acciones policiales y militares que se han desatado en el último mes contra los afro-descendientes con el hurto de sus bienes de supervivencia, semovientes, destrucción de las Zonas Humanitarias, amenazas de muerte y de incursiones paramilitares contra las comunidades, y los acompañantes internacionales de PASC de Canadá y los integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz.

Las operaciones armadas coinciden con el aval que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura, le ha dado a los empresarios palmicultores para que continúen la siembra ilegal de palma aceitera dentro del Territorio Colectivo. Territorio que ha sido habitado por los afro-descendientes desde hace más de 50 años y titulado colectivamente a las comunidades afro-descendientes desde hace 5 años a través de la ley 70. Estas siembras cuentan con el apoyo financiero de instituciones gubernamentales y posiblemente de la cooperación internacional bajo el esquema de apoyo a la sustitución de cultivos de uso ilícito, que no existen, en esta sub región del bajo Atrato. La siembra de Palma en el Curvaradó y Jiguamiandó se desarrolla luego de 13 desplazamientos forzados por acciones militares y paramilitares a través de las AUC y Bloque Elmer Cárdenas en 14 caseríos del Curvaradó, 111 asesinatos y desapariciones forzadas por acción militar, policial y la estrategia paramilitar.

En nombre de las comunidades afro-descendientes y de nuestra Comisión de Justicia y Paz, agradecemos sus acciones de solidaridad.

Bogotá, Octubre 26 de 2005

COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ

HECHOS EN DETALLE
– Sobre el hallazgo de los restos de ORLANDO VALENCIA

* Domingo 23 de octubre, en horas de la tarde nuestra Comisión de Justicia y Paz recibió información de pobladores de Chigorodó que algunos agentes de la policía de Belén de Bajirá con temor a que se revelara su identidad, manifestaron que el mismo día de la desaparición de ORLANDO había sido asesinado en un sitio cercano al cementerio de este municipio en el paraje conocido como La Florida.

* Lunes 24 de octubre, en horas de la tarde, la policía de Urabá informó a organismos de control del Estado que había sido hallado un cuerpo, con un disparo en la frente, correspondiente a un afrodescendiente, en estado de descomposición.

A las 7:00 p.m. recibimos información de que el levantamiento del cadáver había sido adelantado por el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, CTI, y que el cuerpo del afrodescendiente a esa hora sin identificarse encontraba en la morgue de Chigorodó.

Media hora después se solicitó a la dirección del Programa Presidencial de Derechos Humanos y a la Defensoría del Pueblo estar atentos al proceso de identificación de los organismos de investigación de la Fiscalía para conocer con certeza la identidad del cuerpo.

* Martes 25 de octubre, hacia las 10:30 a.m. aproximadamente se precisó a través de la Defensoría del Pueblo que los restos recogidos en el día de ayer podrían corresponden a los de ORLANDO VALENCIA, pero es necesario esperar los resultados del cotejo de huellas dactilares, el reconocimiento de sus familiares.

De acuerdo con el reporte oficial, el cuerpo sin vida del afrodescendiente fue hallado flotando en el río León, en el punto conocido como Bocas de Zábalo a escasa distancia de Puerto Amor cerca al cerro El Cuchillo a unos 30 minutos de Chigorodó, con un tiro en la cabeza y con signos de descomposición.

Las prendas que portaba ORLANDO VALENCIA el día de la desaparición con las encontradas en el cuerpo, coinciden plenamente.

* Miércoles 26 de octubre, hacia las 7:50 a.m se conoció a través del Ministerio del Interior que cotejada una huella dactilar, pues la mayoría de los dedos se encuentran en estado de descomposición, los restos del afrodescendiente corresponden a los de ORLANDO VALENCIA. Sus manos tienen signos visibles de haber sido amarrados, su frente se encuentra con un impacto de bala.

Nuestra Comisión de Justicia y Paz exigió al gobierno Nacional brindar garantías a la comunidad de afrodescendientes, a la familia de ORLANDO y a sus acompañantes internacionales y nacionales para que puedan disponer de los restos de su familiar y conocido, debido a que continúan las operaciones de presión, de intimidación y de control paramilitar en complicidad con las estructuras policiales y de la Brigada 17 que se constata en la región.

Hoy a las 5:00 a.m. la esposa y una de las hijas de ORLANDO VALENCIA, partieron de la Zona “Bella Flor Remacho” junto con integrantes de PBI, PASC Canadá y nuestra Comisión de Justicia y Paz hacia Chigorodó para reclamar los restos del líder comunitario, los que fueron sacados de la morgue de este municipio. Se calcula que solo hasta avanzadas horas de la tarde logren llegar allí pues debido a las acciones militares y paramilitares deben tomar el recorrido más largo para llegar a Chigorodó.

Los familiares han expresado su deseo de darle cristiana sepultura en el Territorio Colectivo del Jiguamiandó.

LINEAS DE INTERPRETACION
No hay Derecho. El desmoronamiento de los principios que constituyen el Estado de Derecho es latente en el Jiguamiandó y el Curvaradó. Los límites de los abusos de poder y los límites de las libertades no existen, el principio fundamental es el de la propiedad privada, el país empresarial. Los derechos colectivos, los derechos civiles y políticos no existen ni son una posibilidad real para que los afrodescendientes los afirmen y los hagan valer como lo contempla la Constitución y la ley. Para los pueblos afrodescendientes y para sus líderes la aniquilación de sus vidas es lo único posible en desarrollo de las políticas de seguridad y la política de derechos económicos, sociales y culturales, es la negación de su identidad cultural y existencial.

El asesinato de ORLANDO VALENCIA por parte de “civiles” armados de la estrategia paramilitar, luego de haber sido detenido ilegalmente por las autoridades policiales de Belén de Bajirá, negando los derechos de asistencia legal y la debida protección en medio de la connivencia de paramilitares con la institucionalidad policial a través de la cual se propició su desaparición forzada; la detención arbitraria de BERNARDO PEQUI DIAZ desde octubre en desarrollo de operaciones regulares de la Brigada 17, y de quien se desconoce su paradero; los seguimientos, la destrucción de dos de las Zonas Humanitarias del Jiguamiandó por efectivos de la Brigada 17, las amenazas de muerte y de incursiones paramilitares proferidas contra los pobladores y los acompañantes nacionales e internacionales, son absolutamente coincidentes con la modificación sustancial del Informe del Incoder a través del cual el Ministerio del Agricultura legitima la ilegalidad de la siembra de palma dentro del Territorio Colectivo del Curvaradó y Jiguamiandó.

El Estado que impera es el de la barbarie, el de la disposición toda del territorio para los intereses empresariales, sin importar la destrucción de la vida humana ni la destrucción de la biodiversidad. Daños irreparables e irreversibles a la identidad del pueblo afrodescendiente a través de estrategias criminales de destrucción y de persecución sistemática. Son más de 111 asesinatos y desapariciones forzadas, son mas de 13 los desplazamientos forzados por las operaciones militares y paramilitares de la Brigada 17 y de la Policía de Urabá desde 1.996 hasta hoy. Crímenes y persecuciones sistemáticas que se encuentran en absoluta impunidad.

Arrasamiento financiado con dineros de Finagro, con falsos avales de legalidad pues la sensatez y la sensibilidad humana y el simple sentido de sobrevivencia del planeta, indica que se ha legitimado la destrucción integral de la Vida. Incluso, con recursos internacionales que pretenden apoyar la paz. Paz cimentada en impunidad, en sangre y en dolor.

El pretexto de persecución a la guerrilla de las FARC EP se cae de su absoluta lógica y coherencia justificativa, las víctimas han sido quiénes han habitado durante más de 50 años los poblados del Curvaradó y el Jiguamiandó, hombres y mujeres, que nunca se han alzado en armas contra esta forma despótica de poder, que han cometido el único delito de haber sido puestos por su historia y por Dios en un lugar donde mana leche y miel, y donde la ambición empresarial ha puesto sus mirada de maldad y destrucción, su obsesivo deseo compulsivo de amasar el estiércol del demonio.

Mujeres y hombres de piel negra que han convivido en armonía con la biodiversidad, que en los últimos 9 años han construido Proyectos de Vida como Consejos Comunitarios para no ser involucrados en el conflicto armado de modo directo, para afirmar el Derecho a la Paz con su afirmación activa de derechos a la Verdad, a la Justicia, a la Reparación, a la memoria y a vivir en su territorio son sus víctimas.

Los victimarios en pocos meses se pondrán de civil, continuarán sus inversiones en Palma de Aceite conviviendo con aquellos a quiénes persiguieron como guerreros sin ética, sin moral, pues su única cuota de “dignidad” es tasada en dinero, porque su alma es ambición infestada de sangre humana, ellos han perdido el alma. Sus actuaciones como el crimen de ORLANDO serán sepultadas con la ley 975 de injusticia y guerra, y con la mercantilización de los territorios colectivos a través de la ley maderera o la ley minera. Y se vestían esa misma noche de gala y eran recibidos con trompetas sus asesinos como los grandes señores. Sus guardianes mentían diciendo que no sabían de ninguna desaparición. Los guardianes inventaron falsas historias de campos minados, que nunca destruyeron las Zonas Humanitarias, que nunca hurtaron, que nunca amenazaron de muerte, que ellos no eran, que todo es invención. Y nuevos guardianes aparecieron aprobando la ilegalidad, y todo eso mientras el Territorio llora la destrucción de su savia, mientras el templo sagrado de ORLANDO estaba siendo corroído por el sol, las aves y el paso del tiempo. ORLANDO ha pasado a la historia.

Bogotá, D.C Octubre 26 de 2005

COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ