eltiempo.com
19 de septiembre de 1992
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La única certeza que tenían ayer los miembros de la rama jurisdiccional en esta ciudad es que la figura de los jueces sin rostro no protege la vida de estos funcionarios. Su tesis la sustentan con el asesinato de la Jueza Sexta de Orden Público, Myriam Rocío Vélez Pérez, 45 años, y sus tres escoltas. Los asesinos testigos vieron a un comando integrado mínimo por cuatro hombres la esperaron a pocos metros de su residencia. Cuando salió hacia su despacho la atacaron con armas automáticas.

La funcionaria se encontraba a punto de fallar en el caso del crimen del director de El Espectador, Guillermo Cano Isaza.

Los escoltas muertos eran del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Se trata de Javier Gómez Betancur, 28 años; Héctor Eduardo Solano Uribe, 32; y el conductor Isidro Forero Mesa, 38.

Como una demostración de que la figura de los jueces sin rostro no protege la vida de estos funcionarios, fue calificado el crimen de la jueza sexta de orden público, Myriam Rocío Vélez Pérez y sus tres escoltas, ocurrido ayer en esta ciudad.

La funcionaria se encontraba a punto de fallar en el caso del crimen del director de El Espectador, Guillermo Cano Isaza. Sin embargo, a pesar de que su labor era reservada, los implicados en el proceso arreciaron sus amenazas de muerte contra la funcionaria. Estas se hacían por vía telefónica y mediante anónimos.

Voceros de la rama judicial en Antioquia, cuyo gremio, Asonal Judicial decretó tres días de duelo, manifestaron su desconcierto por el crimen.

La jueza y sus tres acompañantes fueron asesinados a las 7:55 de la mañana, cuando al salir de su casa en un campero fueron atacados con armas automáticas por cuatro sicarios, que no les permitieron ni reaccionar.

La víctima, de 45 años, era juez de última instancia y estaba adscrita al Tribunal Nacional.

Los escoltas muertos llevaban un mes al servicio de la jueza. Todos eran agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Se trata de Jaiver Gómez Betancur, 28 años; Héctor Eduardo Solano Uribe, de 32 y el conductor Isidro Forero Mesa, de 38.

Ayer, tras el crimen, las autoridades antioqueñas detuvieron a un hombre, sospechoso de haber participado en el asesinato. No hubo defensa El crimen ocurrió a cien metros de la residencia de la jueza, en el barrio Mallorca, calle 1A # 65-76, del suroccidente de Medellín, cuando trasladaba a su oficina en el Centro Administrativo La Alpujarra.

La funcionaria y sus acompañantes se movilizaban en una camioneta Toyota cuatro puertas, color gris cenizo, de placas LE-5954.

Faltaban cinco minutos para las ocho cuando vi que la doctora salió de su casa y abordó una camioneta. dijo una señora que presenció el ataque. Ella me sonrió y el carro partió sin mucha prisa. Al doblar el carro en la esquina empezaron las explosiones.

El carro chocó contra el antejardín. Los primeros que llegamos a auxiliarla vimos que aún respiraba; paramos un vehículo para trasladarla a la Clínica Conquistadores pero todo fue infructuoso.

Por la confusión no nos dimos cuenta que el detective que iba en la parte trasera estaba vivo; también lo enviamos al hospital pero murió. El conductor y el señor que viajaba a su derecha murieron en el acto .

El director regional del DAS, Oscar Paredes, dijo que en el ataque participaron cuatro personas que se movilizaban en otro campero de cuatro puertas de color blanco.

Dos de los sicarios se ubicaron estratégicamente a ambos lados de la carrera 66. Cuando el vehículo, que apenas iniciaba su recorrido por la calle 1B, dobló a la derecha para tomar la carrera 66, el sicario de la derecha prácticamente quedó con el carro de frente y abrió fuego contra el conductor y el detective que viajaba a su derecha.

El otro sicario, parado en la acera izquierda, disparó contra la jueza y el detective que la acompañaba en la parte trasera de la Toyota, en tanto que un tercer hombre abrió fuego cruzado contra los ocupantes.

La jueza nació el 30 de noviembre de 1946 en Amagá (Antioquia). Estaba casada con el comerciante Jorge Iván López y era madre de dos menores de edad.

Egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia en 1976, se desempeñó como juez Penal Municipal de Caucasia, juez Penal Municipal de Girardota, juez Penal Municipal de Copacabana, juez Séptima Penal Municipal de Medellín, juez 21 Penal Municipal de Medellín, juez 22 Penal del Circuito y juez Sexta de Orden Público.

Sus compañeros de trabajo afirmaron que la jueza nunca exteriorizó temor ante el caso judicial que llevaba ni ante las amenazas. Nunca se le veía preocupada .

Las exequias de la jueza se realizarán a las cuatro de la tarde en el cementerio Campos de Paz de Medellín. Los funcionarios del DAS, que permanecieron en la capilla de la institución, serán inhumados en su tierra natal.

Ayer, sin embargo, a la honda indignación en el poder judicial por el asesinato de la Juez se sumaron insólitos inconvenientes para la velación del cadáver.

Las celebraciones del Día del Amor y la Amistad en el Consejo de Medellín, la Asamblea Departamental y otras sedes oficiales, impidió a los jueces encontrar desde las dos de la tarde un lugar en donde velar el cuerpo.

La magistrada Flor Palacios, ex presidente del Tribunal Nacional de Orden Público, reveló a EL TIEMPO que el secretario de Gobierno, Ramiro Valencia y el Alcalde Alfredo Ramos, se limitaron a explicarle a los deudos de la funcionaria y a los magistrados del Tribunal de Orden Público que no podemos darles un lugar hasta que terminen las celebraciones que se realizan con motivo del Día del Amor y la amistad. Rechazo al crimen El fiscal general de la Nación, Gustavo De Greiff, el Tribunal Nacional, los jueces regionales de Bogotá, Asonal Judicial y el Gobierno, expresaron ayer su más enérgico rechazo al asesinato de la juez Miryam Rocío Vélez y demandaron la solidaridad nacional para hacer frente al crimen.

De Greiff calificó de horrendo el asesinato y dijo que estamos ante un hecho terrible que no es otra cosa que la muestra de la descomposición que enfrenta este país y al cual la justicia no puede responder sino con valor en el cumplimiento de su tarea .

A su turno, el ministro de Justicia, Andrés González, afirmó que se trata de un vil asesinato que rechazo con firmeza y reclamó solidaridad para el aparato judicial.

La Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial y el Ministerio Público (Asonal-Judicial) dijo que la Rama Judicial no puede seguir siendo blanco de genocidas y asesinos. Por ello seguimos reclamando un espacio para poder cumplirle a la sociedad .

En una fuerte crítica al sistema de jueces sin rostro, Asonal dijo que ante el país, se desnuda la falacia de una justicia sin rostro, concebida entre otros fines para proteger a sus integrantes .

El Tribunal Nacional emitió el siguiente comunicado, cuyo aparte principal señala: La majestad de la justicia nuevamente ha sido manchada con la sangre de sus servidores, ante la mirada impasible de la comunidad que frente a la ola generalizada de violencia, no tiene alternativa distinta que convivir con ella, dada la ineficacia de quienes tienen que velar por la vida, honra y demás derechos de los coasociados.

La Rama Jurisdiccional del Poder Público aporta otra víctima: la doctora Myriam Rocío Vélez Pérez, abnegada servidora que se destacó por su sentido de responsabilidad y desprendimiento, y apegada a su juramento sirvió a la justicia con rectitud, prontitud y eficacia.

Rechazamos y condenamos ahora, como en el pasado, toda forma de violencia, de afrenta a la justicia, todo aquello que perturbe la paz de nuestra patria, la tranquilidad de nuestras familias; por ello, exhortamos a quienes de una u otra manera han turbado el orden de nuestro país, para que cesen en sus manifestaciones y entiendan que por sobre todo, Colombia es un Estado libre, soberano y democrático.