eltiempo.com
Sección Justicia
15 de septiembre de 1993
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Las investigaciones de la Fiscalía contra los reductos paramilitares del extinto Gonzalo Rodríguez Gacha, El Mexicano en Yacopí, se extendieron a ganaderos e, inclusive, a funcionarios públicos. Fiscales sin rostro avanzan en dos frentes: ganaderos y funcionarios que han pretermitido las acciones delictivas, y ganaderos y funcionarios víctimas de la criminalidad rural organizada.

El pasado fin de semana, en una operación conjunta con la Policía y el Ejército en Yacopí (Cundinamarca), la Fiscalía y, en especial, el Cuerpo Técnico de la institución, obtuvieron serios indicios que vinculan a un concejal, un alcalde, dos ganaderos y un enfermero con tareas de auxilio a los desheredados de El Mexicano.

Las operaciones en esa área se iniciaron el pasado 27 abril a raíz de una ola de asesinatos, torturas y desapariciones, que precipitaron un éxodo masivo hasta obligar a cuarenta familias de nueve veredas a abandonar sus viviendas para huir de la muerte.

Ahora los investigadores saben que los responsables de esa ola de terror, en la que ha muerto una decena de campesinos mutilados y torturados entre 1987 y 1993, son cinco hombres que actúan como líderes de igual número de organizaciones.

Los cabecillas según lo indican las investigaciones reciben ayuda directa en el suministro de alojamiento, víveres, asistencia médica y medicamentos de un alcalde de la zona, un concejal, un enfermero y dos ganaderos de la región de Yacopí.

Uno de estos auxiliadores, según las autoridades, es dueño de un establecimiento de billares en una de las nueve veredas que el pasado fin de semana ocupó la fuerza pública para capturar a los cabecillas de las organizaciones.

Ahora, la Fiscalía intenta consolidar pruebas que permitan vincular directamente a estos auxiliadores en expedientes que por homicidio, concierto para delinquir y terrorismo se siguen a los jefes de esos grupos.

Los grupos de delincuentes, asentados en Yacopí, operan en la zona bajo el control de Luis Eduardo Cifuentes, Aguila; Aristides Tovar Cifuentes, Canoso o Aníbal; Plácido Padilla Alonso, Pulecio; Salvador Triana, Jerónimo y Luis Alberto Sotelo, Beto.

El terror

Estos hombres, sobre quienes existen órdenes de captura, operan en los municipios de Terán, Caparrapí, Yacopí, Guayabales, Pate Vaca, Llano Mateo, Guadualones, Campo Alegre y Morro Colorado.

Dos de sus lugartenientes, Raúl Tirana, El Cortico; y Alfonso Vega Barahona, El Diablo, sindicados de terrorismo, homicidio y concierto para delinquir, fueron detenidos en las operaciones del pasado fin de semana junto con otros 3 identificados como Edgar Delgado, Héctor Jaime Anzola Cifuentes y Raúl Vilanueva Buitrago.

A esas capturas se suman otras cinco realizadas en abril pasado, en una operación similar.

Ahora, las acciones de la Policía y el Ejército apuntan a los líderes y a otros veinte hombres que son auxiliadores de quienes mantienen su infraestructura criminal de la extorsión de los ganaderos de la región a quienes cobran una cuota por cada cabeza de ganado.

Este año han sido víctimas de esa persecución los ganaderos Julio Téllez, Carlos Tribiño, Arnulfo Rayo, Eliseo Bustos y Gilberto Rodríguez. La cuota varía entre 10.000 y 30.000 pesos mensuales por cada semoviente. El número de ganaderos extorsionados, sin embargo, podría ser mayor.

Su aparición es común en las fiestas que se realizan en las veredas y municipios en donde tienen su influencia. Entonces implantan su régimen de terror, afirman ser la única autoridades en esas poblaciones.

Lo más preocupante, sin embargo, es el reclutamiento de jóvenes para hacerlos partícipes de sus acciones criminales. Se trata de campesinos que acceden a las intenciones de esos grupos obligados por el temor de ser asesinados.

Y es que este año han muerto los campesinos Adán Bustos, Gilberto Hernández Suárez, Domingo Galindo Manjarrez, Samuel Beltrán Infante y Ricardo Galindo Infante. Todos fueron mutilados y sepultados en un lugar de Guayabales.

De acuerdo a testimonios recogidos por la Fiscalía en la región veinte lugartenientes de los grupos ejecutan los asesinatos, el boleteo y la persecución a los campesinos.

El poder bélico consta de cuarenta fusiles Galil, cinco R-15, tres Fall, tres AK 47, ocho carabinas, treinta granadas para fusil, sesenta granadas de mano, cinco subametralladoras, diez pistolas y veinte revólveres.

Algunos de esos lugartenientes han sido identificados como José Absalón Samudio Vega, Buenasuerte, quien opera en la vereda Terán en compañía de Aristides Tovar Cifuentes, Canoso. También aparecen Clímaco Bustos Hernández, Galván; Oliverio Camacho Camacho, Bigotes; Edilberto Rodríguez, El Tigre; y otros quince hombres.

Su capacidad de operación, indican fuentes de la Policía, depende de quince radios de comunicaciones a través de los que tienen contacto permanente con las organizaciones de paramilitares que operan en Puerto Boyacá y La Dorada, en el corazón del Magdalena Medio.