AMNISTÍA INTERNACIONAL
Índice AI: AMR 23/74/94/s
http://www.amnesty.org/es/library/asset/AMR23/074/1994/es/ce196f95-ebee-11dd-9b3b-8bf635492364/amr230741994es.html

COLOMBIA:
Alvaro RODRÍGUEZ CARVAJAL, de 30 años, taxista
Alvaro ARÉVALO, de 26 años, comerciante
Tomás DÍAZ HURTADO, de 42 años, comerciante y barbero

El 15 de septiembre de 1994, unos agentes de la Seccional de Policía Judicial e Investigación fueron vistos deteniendo a Alvaro Rodríguez Carvajal, a Alvaro Arévalo, a Tomás Díaz Hurtado y a otros dos hombres sin identificar en Barranquilla, departamento Atlántico. Los dos hombres sin identificar lograron escapar, pero se desconoce el paradero de los otros tres hombres y existe honda preocupación por su seguridad.

Según los informes de los testigos presenciales, los cinco hombres se encontraban en la casa de empeños San Miguel, en la calle Murillo, Barranquilla cuando ocho agentes de la Seccional de Policía Judicial e Investigación (normalmente conocidos como F-2) llegaron en un vehículo y en varias motos. Los agentes registraron a los hombres y les encontraron algunas pistolas. A continuación se obligó a entrar en el vehículo policial a los cinco y salieron en dirección desconocida. Los dos hombres sin identificar lograron escapar. Posteriormente, uno de ellos fue chantajeado y amenazado por uno de los agentes F-2, que le advirtió de que tenía suerte de «haber escapado al operativo» y que podía haber sido «una víctima más».

Según los informes, el F-2 ha negado tener conocimiento de los hechos y los familiares de Alvaro Rodríguez Carvajal, Alvaro Arévalo y Tomás Díaz Hurtado no han podido averiguar su paradero.

INFORMACIÓN GENERAL

En los últimos años, en Colombia se han cometido violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y detención arbitraria. Las principales víctimas han sido los dirigentes sindicales, los dirigentes populares y los miembros de partidos de izquierda. El presidente Ernesto Samper Pizano, que accedió al poder el 7 de agosto de 1994, ha manifestado públicamente que una de las prioridades de su gobierno será afrontar la situación de los derechos humanos. Sin embargo, los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad colombianas continúan cometiendo graves abusos de forma prácticamente impune. Sólo excepcionalmente comparecen los responsables ante los tribunales; la gran mayoría de los miembros de las fuerzas armadas responsables de violaciones de los derechos humanos continúan en servicio activo.