El ex jefe paramilitar Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, declaró ante una fiscal de la Unidad de Justicia y Paz que en al menos dos masacres perpetradas en Valdivia y Medellín, en las cuales tuvo responsabilidad por línea de mando, estuvieron implicados uniformados de la Policía y el Ejército.

Caracol
Enero 25 de 2011
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Los señalamientos fueron entregados en versión libre realizada en una cárcel federal de Miami entre el 6 y el 8 de diciembre pasado, y se conocieron durante la audiencia pública de imputación de cargos ante el magistrado Olimpo Castaño Quintero con funciones de control de garantías, que se realiza en Medellín.

De acuerdo con la versión de Vanoy Murillo, las dos masacres ocurrieron para favorecer sus propios intereses y los intereses del empresario Gustavo Upegui López, máximo accionista del Envigado Fútbol Club y señalado por las autoridades como integrante de la llamada ‘Oficina de Envigado’.

La primera masacre de estas características ocurrió entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 1996 en zona rural del corregimiento Puerto Valdivia, municipio de Valdivia, donde paramilitares del Bloque Mineros llegaron a un sector llamado El Silencio, donde degollaron a Juan Bautista Baena Muñoz, concejal de esa localidad entre los años 1986 y 1988 por la Unión Patriótica; luego, se trasladaron a la vereda Juntas, donde torturaron y mataron a Elkin Darío Madrigal, y a Hipólito González.

Vanoy Murillo confesó que fue perpetrada por hombres bajo su mando tras recibir instrucciones de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘don Berna’, en el sentido de que en esa vereda la guerrilla mantenía en cautiverio a Juan Pablo Upegui Gallego, hijo del mayor accionista del Envigado Fútbol Club, secuestrado el 29 de enero de 1996 en el municipio de Sabaneta.

De acuerdo con lo relatado por la fiscal Patricia Hernández, hombres de ‘don Berna’ habían capturado en Medellín a un miliciano que participó en el operativo del secuestro de Upegui Gallego y, tras ser torturado, confesó que conocía el sitio de cautiverio del joven.

Por ordenes de don Berna Vanoy Murillo organizó un grupo de 50 hombres, quienes, en compañía de agentes de la Unidad Nacional Antiextorsión y Secuestro (UNASE) de la Policía Nacional, llegaron al lugar y rescataron al hijo del empresario del fútbol.

Lo declarado por ex jefe paramilitar contrasta con las declaraciones que dieron las autoridades en esa época pues, Carlos Alirio Parra Parra, comandante en Medellín del UNASE, manifestó que él mismo dirigió el operativo de rescate, en el que participaron 40 de sus hombres. A su vez, el general Alfredo Salgado Méndez, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, dijo a los periodistas que sus agentes se encontraban en el área donde fue rescatado el menor.

La Fiscal de la Unidad de Justicia y Paz indicó que la confesión hecha por el ex comandante del Bloque Mineros, pues permitiría la revisión de las actuaciones de la Fiscalía en esa época, lo que podría derivar en una reapertura de ese proceso.

La segunda masacre ordenada por Vanoy Murillo fue perpetrada en Medellín el 28 de febrero de 2004 en la unidad residencial Parques del Estadio, contigua a la sede de la IV Brigada en Medellín, y en ella la Fiscal aseguró que participaron uniformados de esa guarnición, quienes hicieron presentaron la acción armada como una operación contra milicianos de las FARC, que supuestamente pretendían atacar esa unidad militar.

En ese operativo perdieron la vida Fredy Hernán Berrío Torres, Oscar Peñaranda Ortiz, Rafael Arias Arias y Jesús Antonio Carvajal Mazo, quienes habían sido declarados “enemigos de las autodefensas” por Vanoy Murillo porque no le habían pagado 460 millones de pesos, producto de una multa impuesta por el ex jefe paramilitar a Berrío Torres tras descubrir que lo intentó engañar al tratar de sacar 80 kilos de base de cosa oculta en un camión del corregimiento La Caucana, de Tarazá, el 17 de junio de 2002 para vendérselo a un traficante de Medellín conocido como ‘Mao Molina’, violando así la norma impuesta en esa región de que toda la base de coca debía ser ofrecida al comandante del Bloque Mineros.

Los problemas entre ellos se agravaron el 30 de noviembre de ese año, cuando se venció la fecha de pago de la millonaria multa y no se canceló. En retaliación, ese mismo día, los paramilitares asesinados a dos trabajadores de Berrío Torres. Al día siguiente, balearon a otro de sus hombres. En diciembre le asesinaron a su hermano y a otro de sus hombres de confianza. Luego, en febrero del año siguiente, acribillaron a dos hombres más, cercanos a este traficante.

Vanoy Murillo admitió a la Fiscal de la Unidad de Justicia y Paz que contactó a Daniel Alberto Mejía Ángel, alias ‘Danielito’, jefe de sicarios de la llamada ‘Oficina de Envigado’, y le ofreció 500 millones de pesos para que dieran con el paradero de Fredy Hernán Berrío Torres y lo mataran.

Tras una serie de indagaciones que les llevó varios meses, los sicarios de la ‘Oficina’ ubicaron a Berrío Torres y a tres de sus hombres de confianza en un conjunto residencial vecino a la IV Brigada, llamado Parques del Estadio. Allí se habían refugiado en el apartamento 916, del bloque 4. No obstante, no fueron ellos los que llevaron a cabo la acción armada, sino tres uniformados de esa guarnición militar, identificados como el capitán Rogelio Echeverri y los soldados voluntarios Luis Valencia Jiménez y Gustavo Alonso Valencia, al parecer adscritos al Pelotón Antiterrorista Urbano.

No obstante una vez perpetrado el ataque y asesinados los cuatro hombres, la IV Brigada presentó los hechos como un operativo contra supuestos milicianos de las FARC que planeaban un atentado contra esa guarnición militar. La vocería pública del hecho la asumió el entonces Coronel Guillermo Granados, para esa época comandante del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 4 Cacique Yariguíes.

El coronel Granados presentó a los muertos como supuestos milicianos urbanos de las Farc que pretendían atacar la sede la guarnición militar. Según los reportes de prensa, “los militares que adelantaron el operativo en el edificio encontraron algunos elementos que podrían vincular a los fallecidos con milicias urbanas de las FARC, que estarían preparando algún atentado contra la sede de la IV Brigada”.

En declaraciones a los medios de información, este oficial aseveró que en el apartamento “se encontró un plano que está siendo analizado por inteligencia militar”; agregó que también fueron hallados en el lugar armas, explosivos y recibos por un monto superior a los 600 millones de pesos, según él, “producto de extorsiones a comerciantes del suroccidente de Medellín”; y dijo que “según libros contables hallados por sus hombres, los muertos manejaban cuentas bancarias pos sumas superiores a los 5 mil millones de pesos”.

La versión oficial fue, incluso, recogida por el Observatorio del Programa Presidencial para los Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia de la República, que en su bitácora del 25 de febrero a marzo 2 del 2004, consignó lo siguiente: “28/02/2004: En Medellín (Antioquia), se registraron combates entre soldados de la IV Brigada del Ejército y las FARC, cuando las tropas allanaron un edificio cerca de la sede de la Brigada. Durante los combates fueron abatidos cuatro subversivos”.

De acuerdo con lo establecido por las indagaciones posteriores a la acción militar, el operativo se hizo sin la presencia de un fiscal, sin ninguna orden de allanamiento y sin informes de policía judicial, lo que le daba un matiz de ilegalidad al operativo; no obstante, el proceso fue legalizado por un fiscal delegado ante el Gaula del Ejército, sin que hubiera estado presente en el lugar durante los hechos.

Si bien la Fiscalía General de la Nación abrió un proceso contra los uniformados, inicialmente, a través de una unidad seccional de vida de Medellín y luego en la Unidad Nacional de Derechos Humanos, las indagaciones no surtieron mayor efecto y la investigación fue precluída el 4 de mayo de 2006.

Ante las pruebas presentadas, el magistrado Castaño Quintero concluyó que, a la luz de las normas penales vigentes, surgen causales que permiten la instauración de una acción de revisión de este proceso. Para adelantar los trámites respectivos encargó a la Fiscal 15 de la Unidad de Justicia y Paz y al representante de la Procuraduría General de la Nación. La idea es que ambas entidades estudien el caso para confirmar si realmente procede una acción de revisión.

De confirmarse la idea expuesta por el magistrado Castaño Quintero, el proceso podría reabrirse y nuevamente serían investigados los militares que participaron en el operativo armado, con el fin de determinar si lo confesado por el ex jefe del Bloque Mineros de las AUC es cierto o no.

Durante la diligencia de imputación de cargos , Patricia Hernández, Fiscal 15 de la Unidad de Justicia y Paz, le imputó al ex jefe paramilitar varios delitos, entre ellos homicidio, desaparición forzada, hurto calificado, tortura y reclutamiento forzado de menores.