Según denuncias realizadas por las comunidades indígenas, en menos de un mes los municipios de Mistrató, Pueblo Rico y Quinchía han sufrido atropellos, intimidaciones, amenazas, interrogatorios, saqueos y robos por parte de los distintos actores armados.

Actualidad Étnica
Viernes, 28 de Marzo de 2003
http://www.etniasdecolombia.org/actualidad/index.php?option=com_content&view=article&id=1278:alerta-temprana-en-comunidades-embera-de-risaralda&catid=98:articulos-archivados&Itemid=184

Ante la grave problemática humanitaria que ha generado el conflicto armado en las comunidades indígenas de los municipios de Mistrató, Pueblo Rico y Quinchía (Risaralda), el Consejo Nacional Indígena de Paz y la Comisión Regional de Paz y Convivencia, integrada por los Cabildos Mayores Indígenas y la Junta del Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR), realizaron el pasado 26 de marzo una reunión con la Comisión Departamental de Paz y los organismos humanitarios para dar a conocer a la opinión pública, toda una serie de violaciones humanitarias que se vienen presentado en el departamento.

La denuncia indígena da cuenta de los siguientes hechos:

Las comunidades de Pueblo Rico vienen sufriendo los rigores de un “paro armado”, declarado por la guerrilla desde el pasado 5 de marzo, que afecta la atención médica y traslado de enfermos, el abastecimiento alimentario de las familias y el transporte hacia las cabeceras municipales. Las comunidades también son presionadas e intimidadas por los grupos armados, quienes interrogan y amenazan bajo la premisa de estar buscando colaboradores de los bandos contrarios.

Las comunidades de Quinchía han sido atemorizadas por la entrada de grupos armado que se identifican como miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Los indígenas aseguran tener conocimiento de que los grupos guerrilleros que operan en la zona han amenazado a algunos líderes y miembros de la organización indígena.

Enfrentamientos entre los actores armados alrededor de poblados y parcelas indígenas: Santa Rita (sábado 15 de marzo), Gete Pital (lunes 17 de marzo), Puerto de Oro y Carbones (jueves 20 de marzo)

Aseguran que en Mistrató, los batallones San Mateo y Quimbaya vienen cometiendo atropellos contra las comunidades.

Múltiples denuncias

Son varias las denuncias que en todo el departamento se han registrado, y que comprometen a las FF.MM. Según el CRIR, en la comunidad de Beke el indígena Rodrigo Tascón Dosavia, 60 años de edad, se encuentra desaparecido desde el día 17 de marzo. La denuncia sostiene que el indígena se hallaba “en su casa cuando fue conducido por efectivos de los batallones San Mateo y Quimbaya”

En la escuela de la misma comunidad, donde estudian alrededor de 57 menores de edad, luego de terminar las labores académicas, los niños y niñas se dirigían a sus viviendas, cuando fueron devueltos al salón de clases y rodeados por soldados, quienes los interrogaron por más de dos horas. Posteriormente los menores no retornaron a las clases.

El día domingo 16 de marzo, en Cantarrana, la joven de 15 años Ritalina Chacoa fue maltratada en su casa. De acuerdo con su testimonio, los uniformados la cogieron de un seno y le apuntaron en el cuello.

El lunes 17 de marzo, en la casa indígena del río Mistrató, los comités de mujeres guardaban cinco maquinas de coser que habían sido donadas. Éstas fueron decomisadas junto con una pipa a gas para un soplete de fundir bambú, que se venía utilizando en desarrollo del proyecto de artesanía que ejecuta la CARDER. Los uniformados también decomisaron fotos y unos aperos que un miembro del Cabildo Mayor guardaba en su habitación. Del Puesto de Salud del río Mistrató se llevaron ollas, remesa y dejaron como consigna “vivan otros días más que los que vienen atrás no perdonan”. En la misma comunidad, en la casa de José Siagama, se llevaron dinero en efectivo y quemaron una cobija.

En Puerto de Oro, al indígena Herney Caizales lo obligaron a cargar varios maletines por cerca de media hora. En esta comunidad las casas de las familias indígenas fueron sometidas a intensas requisas, en las que luego de no encontrar nada, censaron a sus habitantes.

En Alto Carbones, cuatro indígenas que venían de la mina San Felipe, se toparon con las tropas, quienes los hicieron tirar al suelo y luego de pisarles la cabeza y amenazarlos, les colocaron a cada uno un morral y un fusil. Posteriormente, los soldados tomaron fotografías.

En la tienda del indígena Hugo González, los uniformados se le llevaron mercados por un valor de trescientos mil pesos. Igual ocurrió con el indígena Gustavo Siagama, a quienes le retuvieron una grabadora de CD, avaluada en seiscientos mil pesos.

Las comunidades indígenas exigieron la presencia de una Comisión de Observación, que acompañada de una delegación de Naciones Unidas y de organismos humanitarios, verifique estas denuncias, evalúen la situación y efectúe las recomendaciones necesarias, acordes con las garantías para la protección de sus derechos fundamentales y del Derecho Internacional Humanitario. Al presidente Álvaro Uribe y a los actores armados (legales e ilegales) se les hizo un llamado para que respeten a la población civil.