Instituto Popular de Capacitación (IPC)
04/24/07

“Alejado de la realidad”, así calificó la Alcaldía de Medellín el Informe de Riesgo emitido por la Defensoría del Pueblo sobre la Comuna 13 el pasado 21 de marzo, a través del cual le solicitaba al Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT) la declaración de una alerta temprana para que se tomaran medidas que protegieran la vida de la comunidad y, en particular, de sus líderes barriales.

El pronunciamiento de la administración municipal cobra especial importancia tras el asesinato este lunes de Judith Vergara Correa, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio El Pesebre de la Comuna 13 de Medellín, funcionaria de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) y militante del Polo Democrático Alternativo, atribuido por Fernando Quijano, Director de esta organización no gubernamental, a “grupos paramilitares que aún actúan en la comuna 13; realidad que el Gobierno local insiste en desconocer”.

En el Informe de Riesgo 009-07, la Defensoría del Pueblo advirtió que “es probable la ocurrencia de atentados contra la vida, la libertad y la integridad física de la población (…) Especial atención merece la población juvenil, representantes y líderes comunitarios producto de las condiciones de vulnerabilidad frente a las acciones violentas de los actores armados al margen de la ley”.

En respuesta a ello, la Alcaldía de Medellín conceptuó que “nada más alejado que las apreciaciones del Informe en relación con los peligros y graves amenazas que se ciernen sobre el liderazgo social de la Comuna”.

La afirmación está consignada en un extenso documento, llamado “La comuna 13 de Medellín: Del miedo a la esperanza, observaciones al informe de riesgo No 009 de 2007”, enviado el pasado 30 de marzo al CIAT, que coordina el Ministerio del Interior y de Justicia e integrado por diversas instituciones de seguridad del Estado, con el fin de evitar que se declarara la alerta temprana.

El documento fue preparado por un equipo de trabajo conformado por la Policía Metropolitana del Valle del Aburrá, el Ejército Nacional, el Batallón Pedro Nel Ospina, la Oficina de Paz y Reconciliación y la Secretaria de Gobierno Municipal.

¿Qué más dijo la Defensoría?

Tras evaluar la situación de la comuna 13, la Defensoría llamó la atención sobre el surgimiento de “nuevos grupos armados ilegales articulados a las facciones que no se desmovilizaron y a los desmovilizados que continúan delinquiendo”, lo que pone en riesgo a las comunidades y, sobre todo, a quienes ejercen un liderazgo social.

“Los mecanismos de participación y autonomía organizacional se han constituido en un factor de amenaza ante la hegemonía de actores armados ilegales –en el pasado las milicias y posteriormente las Autodefensas. Riesgos que recaen principalmente en los líderes y representantes comunitarios, los cuales ante la negativa de sometimiento ante el nuevo poder barrial están siendo declarados objetos de ataque”, señaló la Defensoría del Pueblo.

Frente a ese escenario, el Informe de Riesgo consideró que “es factible que este escenario de riesgo se agudice a raíz de la implementación de mecanismos de dominación y de violencia por parte de los actores armados ilegales en su propósito de consolidar el control territorial, poblacional y de regular los circuitos económicos legales e ilegales”.

Por ello, la Defensoría del Pueblo le solicitó al CIAT emitir la alerta temprana correspondiente “y orientar la adopción de medidas que permitan conjurar, mitigar o controlar la situación de riesgo descrito en esta zona de la ciudad de Medellín, con el fin de proteger los líderes comunitarios y, en general a la población civil, consideramos necesario recomendar en aras de la protección y salvaguardia de los derechos a la vida, integridad física y sicológica de la población señalada en riesgo”.

Alcaldía insistió en desvirtuar

Por considerar que el Informe de Riesgo 009-07 “abarca un período de tiempo en el que se acumulan diversas situaciones, fuentes de información y análisis que no guardan relación entre sí, no tienen una explicación causal, ni se fundan en fuentes confiables producto de investigaciones juiciosas”, la Alcaldía rebatió la advertencia de la Defensoría del Pueblo.

“Sin ignorar la existencia de problemas que hunden sus raíces en décadas atrás, la Administración Municipal sostiene, de manera rotunda, que en la Comuna 13 no se presenta un conflicto armado; existen, eso sí, combos y grupos de delincuencia común, que son los causantes de la gran mayoría de los delitos que allí se cometen”, precisó la Alcaldía en su informe al CIAT.

En una exposición documentada en la que desvirtuó los puntos fundamentales de la Defensoría del Pueblo para evitar que el CIAT declarara la alerta temprana, la administración municipal mostró la gestión institucional en seguridad, convivencia e inversión social que se ha venido realizando en la Comuna 13, entre los que se destacan los 7.457 millones de pesos invertidos a través del programa de Presupuesto Participativo.

El informe de la administración municipal no dejó de lado el número de efectivos de fuerza pública que actúa en la Comuna 13, “que sobrepasa el promedio de hombres que cuidan el resto de la ciudad”. Entre Ejército y Policía, son cerca de 500 hombres asignados a diversas bases y estaciones.

“Una vez evaluado el informe y conocida la intervención en materia de seguridad, convivencia, desarrollo social y el aspecto urbanístico y de educación, salud y desarrollo, la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas determinó que no existen los elementos de riesgo que hagan necesaria la declaración de una Alerta Temprana, para la Comuna 13”, informó la Alcaldía de Medellín a través del boletín de prensa número 406, fechado el 13 de abril pasado.

Hoy, la muerte de Judith Vergara Correa contrasta con lo expuesto por la Alcaldía de Medellín y evidencia, una vez más, que en la Comuna 13 hay un conflicto que de no atenderse de manera oportuna, podrá cobrar la vida de más líderes comunitarios.