eltiempo.com
7 de agosto de 1991
Autor AMILDE FRIAS
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-133852.

Una sombra de amenazas pesa sobre varios alcaldes costeños. Dos han sido asesinados por la guerrilla, otro tuvo que renunciar ayer presionado por los insurgentes, uno se encuentra secuestrado y a otro le exigieron millonaria suma de dinero. La guerrilla los acosa con sentencias de muerteo de juicios populares si no cumplen con una buena administración. Varios de ellos han sido acusados de diversos cargos por los grupos insurgentes.

El hecho más grave de las últimas horas se presentó ayer con la renuncia del alcalde de Aguachica (Cesar), Pedro Antonio Solano Pérez, conservador, quien estuvo secuestrado un mes por el Ejér cito de Liberación Nacional (ELN) junto con seis funcionarios de su administración. El y su familia fueron amenazados. Los guerrilleros le dieron veinte dias de plazo, que se cumplirían en los próximos días, para dejar su cargo. Y así lo hizo este martes.

Otros burgomaestres no escapan a esta intimidación. El lunes fue retenido entre Pinillos y Mompox (Bolívar) el de Magangué, Gonzalo Botero Maya (liberal), a quien la subversión lo acusa de paramilitar. Al de Maicao (Guajira), William Ballesteros López (liberal), el ELN le exige 30 millones de pesos y lo sindica de malos manejos. Sin embargo, el funcionario cree que las amenazas provienen de enemigos políticos.

El de San Alberto (Cesar), Víctor Lizcano Orduz (M-19), ha sido víctima de dos atentados y recibido varias comunicaciones con amenazas de muerte. En general, los alcaldes del sur de este departamento están presionados por la subversión.

La alcaldesa de San Martín (Cesar), Myriam Orejarena de Pinzón (conservadora), fue secuestrada por el ELN en febrero y Abel Rojas Contreras (liberal), mandatario de Corozal (Sucre), fue amenazado por el ELN mediante panfletos que regaron por el pueblo.

Asimismo, hay otros que han sido víctimas de hostigamiento por parte de desconocidos que se infiltran entre la población para incitarla a la sublevación con el pretexto de exigir mejores servicios de agua y alcantarillado.

Así se gestó la asonada que el pasado jueves se vivió en Santa Catalina (Bolívar), donde murió un estudiante y varias personas resultaron heridas. El alcalde, Dagoberto Coneo Medina, después de la protesta pidió una licencia.

Iguales manifestaciones se han presentado contra los alcaldes de Santo Tomás (Atlántico), Dubis Barandica (liberal), y Manatí (Atlántico), María Cantillo Campins (liberal).

El hecho más grave en los últimos 18 meses tiene que ver con los asesinatos por parte del ELN de los alcaldes de Achí, Ricardo Castellar Barrios, en enero de 1990, y de Pinillos (ambas poblaciones de Bolívar), Isaac Rangel Chemas y su hermano el ex alcalde Aniceto Rangel, en octubre pasado.

En su carta de renuncia ante el gobernador del Cesar, el alcalde de Aguachica explicó que en el municipio es imposible trabajar, especialmente por presiones externas y el estado de orden público en que se vive. En el despacho quedó encargada la secretaria de Gobierno, María Luisa Méndez Abril, mientras se decide su reemplazo.

Solano Pérez y seis funcionarios más fueron secuestrados el 8 de junio y permanecieron un mes en poder del ELN, que les hizo un juicio de responsabilidades . Al ser liberados se les exigió que respondieran por despilfarros. El alcalde anunció que renunciaría, pero luego se retractó, pese a recibir una exigencia de la guerrilla para que dejará el cargo y pagara 250 mil pesos correspondientes a viáticos.

Su decisión cambió el lunes al recibir un ultimatum: si no renunciaba atentarían contra toda su familia.

El frente Camilo Torres de esa agrupación envió un comunicado, con resolución 002 , donde indicaba que funcionarios de Aguachica debían depositar cinco millones de pesos en la Caja Agraria, con destino a obras de desarrollo. Allí exoneran de todo cargo al ex alcalde Israel Obregón Ropero, mientras que el actual Solano Pérez deberá consignar 250 mil pesos; el personero Fernado Solano, 400 mil; el concejal y diputado Darío Quintero Patiño, 446 mil más una multa de 544 mil. A todos les exigió renuncia irrevocable a sus cargos, así como el retiro definitivo de la política.

Por su parte, los concejales deberán cancelar 3 300.000 pesos, así: Eduardo Solano, 250 mil; José Hermes Herrán, un millón; Joaquín Royero, 300 mil; Edgar Llaín, 150 mil; Carlos Urquijo Cárcamo, 400 mil; José Galiano de la Rosa, actual director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el Cesar, 500 mil; Jorge Salas, 100 mil; Trigelio Olivar Vera, 100 mil, y Freddy Contreras Barbosa, 150 mil pesos.

En la lista del grupo guerrillero también están incluidos los proveedores Víctor Arteaga, 100 mil pesos; y Luis Caselles, 450 mil; y la ex Trabajadora Social del municipio, María del Mar Larrañaga, 50 mil pesos.

Por otra parte, no se tienen pistas del paradero del alcalde de Magangué, a quien la comunidad le rindió el más sentido homenaje de solidaridad, y exigió su liberación el lunes pasado.

El alcalde de Maicao, Ballesteros López, restó importancia a las amenazas que recibió el lunes, donde le pedían que entregara este martes 30 millones de pesos. El no cree que se trate de guerrilla sino de enemigos políticos.