Nueve civiles fueron asesinados por miembros de las autodefensas que sostienen una guerra con las Farc en zona rural de El Tarra (Norte de Santander), donde unas hay unas 40 mil hectáreas de tierra dedicadas a cultivos ilícitos.
eltiempo.com
15 de marzo de 2001
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Nueve civiles fueron asesinados por miembros de las autodefensas que sostienen una guerra con las Farc en zona rural de El Tarra (Norte de Santander), donde unas hay unas 40 mil hectáreas de tierra dedicadas a cultivos ilícitos.
Los crímenes ocurrieron en La Unión, una vereda ubicada a unas siete horas a pie del casco urbano del pueblo.
Según la denuncias que recibió el presidente del Concejo de El Tarra, Plinio Rafael Barros, el grupo armado mató a garrote y con armas de fuego a Teresa Beltrán Torres, de 32 años; Yorly Salcedo Pabón, de 25; Luz Aldana, de 65; Martha Arias, de 30; Martín Contreras, de 70; Alfonso López, de 45; Mauricio Morantes, de 30; Geovanny Angarita, de 23, y un hombre, de 25 años, conocido como El Blanquillo .
Ayer, los organismos de investigación no habían podido llegar a la zona para confirmar la información.
El Coronel Luis Andrés Estupiñán Chaustre, comandante del departamento de Policía de Norte de Santander, dijo que la lucha entre estos grupos empezó el lunes en la tarde en inmediaciones de esta vereda y se extendió a otras zonas rurales.
Aseguró que el motivo de los combates fue la escasez de insumos como urea o cemento para el procesamiento de la hoja de coca, ocasionada por los controles de la Policía y el Ejército que intentan frenar su ingreso al Catatumbo.
”Las AUC sabían que las Farc tenían algún deposito de insumos en zona rural de El Tarra y los atacaron para robarse las reservas de los guerrilleros”, dijo.
El alcalde, Javier Carrascal Martínez, aseguró que por el ataque unos 70 campesinos están desde el martes en la tarde en el polideportivo del pueblo. Los campesinos provienen de las veredas La Unión, La Esperanza, Bocas de Orú y San Martín.
Añadió que para hoy esperaba más desplazados porque presuntamente los enfrentamientos entre los grupos al margen de la ley continúan.
Carrascal alertó sobre la precaria situación de estas personas porque en el pueblo no hay recursos para atenderlos. A la falta de alimentos y alojamiento para los desplazados, se suma la partida del médico del puesto de salud que huyó por la situación de orden público.