Colombia: La Gabarra

Luis Alberto Matta Aldana
Rebelión
http://www.lafogata.org/04latino/latino8/col_tirso.htm

Con el asesinato de Tirso la ultraderecha cortó las alas de un proyecto civilista, popular y democrático, afianzando la llegada de los corruptos de siempre al poder regional. La clase dominante no toleró una pacífica candidatura de izquierda, y por evidente temor a una derrota electoral, castigó sin piedad al líder que encarnaba un auténtico proyecto de paz para el departamento.

Al poeta y cantautor, que desde un liderázgo de izquierda asumía como el candidato de los excluídos, le cegaron la vida al atardecer del miércoles 4 de Junio de 2003. Las ráfagas de los sicarios hirieron también a Isabel (esposa y madre de sus pequeños hijos Miguel Angel y Ruben Darío) y un acompañante ocasional. El crimen se cometió a escasos metros de la vigilada sede del gobierno departamental y a pocas cuadras de una enorme estación de policía. No obstante, testigos aseguran que los asesinos se dispersaron con toda tranquilidad por la ciudad, utilizando dos conocidos taxis y varias motocicletas de alto cilindraje que cruzaron por entre habituales retenes militares.

Horas después del crimen el diario ”La Opinión”, un periódico de cubrimiento regional que en vida le publicó artículos y poemas a Tirso, extrañamente ese día enfatizó su sitio web en noticias sobre hechos violentos adjudicados a la insurgencia. Aparecía el titular del atentado contra Tirso, pero al abrir la noticia dejaba ver la nota sobre un atentado cometido supuestamente por el ELN contra un centro comercial. Muchos nos preguntamos ¿que pretendía el diario La Opinión? Lo cierto es que este periódico ha girado hasta convertirse en un confundidor de la opinión pública y en el puntal defensivo de la clase política más corrompida del departamento, obviamente ligada al narcotráfico y el paramilitarismo. El gobierno de Alvaro Uribe Vélez, campeón de los ”shows mediáticos”, frente al asesinato de Tirso guardó un repugnante silencio.

El asesinato de Tirso Vélez se inscribe en la ya sistemática eliminación de opositores que ha padecido el Norte de Santander. Aunque la Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos corroboran que más de cinco mil líderes sociales, comunales y sindicales han sido asesinados en los últimos 5 años en Cúcuta, la realidad es que los crímenes selectivos contra el movimiento popular se remontan a la década de los ochenta. Miles de seres anónimos han perdido la vida y también destacadas personalidades cuya actividad estaba centrada en la oposición política al régimen. En honor a la memoria y con esperanza de justicia se precisa recordarlos a todos, pero en esta breve nota solo mencionaré algunos:

Ramón Aníbal Díaz, prestigioso profesional y líder regional del Partido Comunista y la Unión Patriótica, asesinado el 26 de Enero de 1986, junto a varios compartidarios y miembros de su familia.

Darío Colmenares y su esposa Shirley Díaz abogados defensores de detenidos políticos, ambos asesinados en 1985.

Carlos Ariza, defensor de presos políticos sindicados de rebelión, fue asesinado en 1994.

Elsa Clarena Guerrero y Carolina Santiago Navarro, asesinadas en Ocaña, el 28 de Enero de 2001, pertenecían a la Asociación de Institutores de Norte de Santander –Asinor, filial de Federación Nacional de Educadores – Fecode.

Gabriela Galeano, dirigente sindical de Anthoc, sindicato de los trabajadores de la salud, asesinada el 9 de Diciembre de 2000 en Cúcuta.

Carlos Cordero, también dirigente del sindicato Anthoc, asesinado en Bochalema, el 6 de Diciembre de 2000.

Rosalba Calderón Chávez, sindicalista de Anthoc, asesinada en Ocaña el 3 de Octubre de 2000.

Pauselino Camargo Parada ex sacerdote y apreciado líder social, ex alcalde de Cúcuta, asesinado por paramilitares el 3 de Febrero del año 2000.

Iván Villamizar Luciani, activista de derechos humanos, ex defensor regional del pueblo y profesor universitario, asesinado el 12 de febrero de 2001, luego de hacer denuncias contra la corrupción y sobre la situación de derechos humanos. En un golpe posterior contra la Universidad fueron secuestrados, torturados y asesinados, por policías y paramilitares, los líderes estudiantiles Edwin López y Gerson Leal.

Carlos Arturo Pinto Bohórquez y María del Rosario Silva Ríos, fiscales especializados quienes al momento de su crimen investigaban casos de narcotráfico y paramilitarismo, en los que estaban implicados líderes políticos y empresariales del Norte de Santander.

Luis Humberto Rolón, dirigente cívico y activista del PCC asesinado el 16 de Junio de 2003.

Mención especial para Carlos Bernal y David Jaimes, a quienes conocí gracias a Tirso, y a quienes traté de cerca y encontré en diferentes ocasiones a lo largo de los últimos años. Carlos Bernal fue asesinado por bandas paramilitares el jueves 1 de Abril de 2004 en la ciudad de Cúcuta. Fue un importante lider de las juventudes comunistas del Norte de Santander, posteriormente directivo del PCC, y comisionado de paz de dicho departamento. Al momento del crimen se desempeñaba como secretario general del Frente Social y Político, desde donde desarrollaba un intenso trabajo en favor de la solución política para el conflicto armado. Y David Jaimes, quien fuera el primer alcalde de la Unión Patriótica en Tibú y lider apreciado en el Catatumbo, fundamentalmente por sus vecinos de La Gabarra que apreciaban en él su calidad humana. David fue asesinado durante la primera semana de Junio de 2004, en cercanías de la frontera colombo venezolana, en circunstancias aún no esclarecidas.

Es en el marco de esta sistemática violencia, amparada en el terrorismo de Estado, que sucedió el último crimen colectivo en la Gabarra. A la madrugada del martes 15 de junio de 2004 la muerte azotó de nuevo las selvas del Catatumbo, día que fueron asesinados 34 jornaleros y labriegos que descansaban la jornada acampados en una humilde vereda, y que según se pudo confirmar, estaban recién llegados a la región, llevados y contratados por una mujer que figura en la nómina de los paramilitares.

Respondiendo a una calculada programación, los ”raspachines” nombre común de los trabajadores que desojan arbustos de coca, fueron instalados en un campamento aislado, sitio donde posteriormente se cometió la matanza, hecho atroz ejecutado con sevicia, y a escasas horas de instalarse la mesa de diálogo entre el gobierno de Uribe Vélez y las bandas paramilitares. Al parecer con esta matanza, se pretendía atraer a Santafé de Ralito, sede de los diálogos paramilitares, a medios de prensa internacionales renuentes a un gran despliegue informativo sobre este proceso que muchos consideran una farsa del gobierno Uribe. En cuanto al macabro suceso de La Gabarra, aún sin hacer el levantamiento de los cadáveres, sin acudir al sitio, sin investigación alguna y sin análisis probatorio, políticos y militares del Norte de Santander, entre los que se destacó el coronel Marco Antonio Pedreros, comandante departamental de Policía, se apresuraron a adjudicar la masacre a la insurgencia, tratando de señalar al paramilitarismo como víctima.

En el marco de esta triste coyuntura, que enluta hogares colombianos, el presidente Uribe organizó una fuerte ofensiva mediática orientada a justificar su estatuto antiterrorista, y solicitar a la comunidad internacional respaldo para el proceso de paz que adelanta con los paramilitares. La prensa favorable al régimen repitió hasta el cansancio la versión difundida por las autoridades, y los titulares inclusive de agencias internacionales, simplificaron el conflicto social y armado colombiano, indicando la existencia de una guerra entre paras y guerrilla por hacerse al control de los territorios donde se cultiva coca. Prácticamente ningún análisis apareció sobre la vulnerabilidad de los civiles desarmados en el Catatumbo y toda Colombia, que se supone, son el objeto de protección de la política de ”seguridad democrática” que adelanta el gobierno.

Con la última masacre en La Gabarra también se tendió una cortina de humo, en apariencia casual, sobre el grave escándalo que afecta a las primeras ‘autoridades’ del Norte de Santander, comenzando por el alcalde de Cúcuta, señor Ramiro Suárez Corzo, recientemente capturado a pesar de su investidura, luego de que se filtrara ampliamente a la opinión pública su descarada ligazón con el hampa narcotraficante, y su co-responsabilidad intelectual en crímenes de personalidades del Norte de Santander, entre otros, el asesinato de Tirso Vélez.

Días antes de la matanza de raspachines de coca, se había puesto al descubierto que el señor Suárez Corzo organizó durante su campaña electoral una fuerte campaña contra el candidato de la izquierda democrática Tirso Vélez, favoreciendo a su compadre político, Miguel Morelli Navia, hoy gobernador del Norte de Santander. Morelli Navia ha guardado un aterrador silencio ante los centenares de asesinatos contra líderes populares, sucedidos durante su campaña y su mandato.

Entretanto la acción de organismos de derechos humanos han presionado al desprestigiado aparato de justicia colombiano para que actúe. El primer resultado ha sido la orden de captura contra el alcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez, a quien también se le imputa responsabilidad en el asesinato del asesor jurídico de la alcaldía, Alfredo Enrique Flórez. Por este mismo hecho es prófuga de la justicia la señora Ana María Flórez Silva, directora de Fiscalías en la ciudad de Cúcuta, acusada igualmente de complicidad con las bandas paramilitares. También se investiga a Magali Yaneth Moreno Vera, ex investigadora del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, cargo que mantuvo a pesar de ser la novia de un comandante paramilitar. Otros superficialmente investigados son la señora Deisy Calcerán de la Secretaría de Gobierno departamental, el secretario de Seguridad Iván Figueredo, este último delatado por amigos suyos que arrepentidos se entregaron a la justicia, y el Coronel Víctor Hugo Matamoros, actual comandante del batallón Maza.

El presidente Uribe trató de utilizar la no esclarecida masacre de La Gabarra, como instrumento de presión, para poner en entredicho el valioso e independiente trabajo que realiza Amnistía Internacional, y todo porque esta organización no reprodujo a velocidad de papagayo amaestrado, las versiones oficiales sobre el lamentable hecho de violencia. El señor Uribe ignoró deliberadamente, en un intento por impactar a la opinión de derecha que le favorece en las encuestas, que Amnistía Internacional es una organización defensora de derechos humanos caracterizada por la prudencia y la independencia, y que acude a informaciones de primera mano, las cuales analiza y contrasta, y generalmente hace pronunciamientos cuando conoce versiones creíbles, producto de la investigación realizada en terreno. En realidad el plan de Uribe era desacreditar a la insurgencia, transformar en víctimas a los victimarios, y ganar adeptos en su odiosa campaña contra los defensores de derechos humanos.

Portavoces del Establecimiento alimentaron la polémica de Uribe Vélez contra Amnistía Internacional, desplegando para ellos su maquinaria de prensa y enfatizando en la manipulación informativa, para lo cual además, aprovecharon un desatinado artículo de opinión publicado en la agencia de prensa ANNCOL, agencia que habitualmente y desde una óptica de izquierda difunde notas sobre el conflicto colombiano. La mencionada nota de ANNCOL enfatizaba en la paramilitarización del Catatumbo, pero fue asimilada por los medios gobiernistas a una comunicación oficial de las FARC, en la que supuestamente aceptaban como positiva la matanza de trabajadores raspachines en La Gabarra. Posteriormente ANNCOL desde su sede europea aclaró no poseer facultades tales, como las de suplantar a la comandancia guerrillera, sin embargo, la manipulación informativa se mantuvo, ignorando las pertinentes aclaraciones y protestas de la agencia de prensa.

No se puede falsear la realidad, como históricamente lo han hecho los empresarios y terratenientes que gobiernan a Colombia, dueños y señores de la prensa colombiana. Sin duda, y como sucede en todo conflicto armado interno o guerra civil, el Estado garante y tutelar de los derechos es el directo responsable de la violación a los derechos humanos, así como los alzados en armas contra el poder establecido, son responsables mayoritarios de las infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Los paramilitares luchan por defender los privilegios de los ricos y terratenientes que gobiernan, y se declaran hijos del Estado colombiano. En una guerra así se necesita una información independiente y alternativa, y más cuando la población civil es quien padece los peores rigores del conflicto.

Esta realidad nos obliga a quienes estamos comprometidos con la defensa de los derechos humanos y con la búsqueda de una auténtica democracia, a que sigamos trabajando desde nuestras posibilidades, por alcanzar la consolidación de un movimiento amplio, nacional e internacional, por la paz con justicia social en Colombia. El acuerdo humanitario debe ser la primera tarea de este movimiento popular, porque abre una puerta hacia la discusión de soluciones políticas y sociales para el conflicto interno. Por ahora el gobierno Uribe camina en sentido contrario, legalizando los paramilitares y su caudal narcotraficante mediante el diálogo, y prometiendo un partido político de ultraderecha que supuestamente lo va a elegir nuevamente como presidente.

En este contexto le envío al presidente Alvaro Uribe Vélez, dos mensajes… Primero, que quienes estamos comprometidos en la búsqueda de la paz con justicia social, y en la construcción de una democracia verdadera para nuestro pueblo, jamás nos alegramos ni celebramos muerte alguna, por el contrario, a todo tiempo y lugar reclamamos la paz como nuestro más grande anhelo, y la vigencia integral de los derechos humanos como esencia de justicia. Segundo, que los auténticos defensores de derechos humanos somos independientes, pero no somos ni podemos ser neutrales ante el conflicto social armado interno, ni más faltaba, pues con absoluta claridad estamos a favor de la solución política y del diálogo con los insurgentes, porque la guerrilla está conformada por quienes no tuvieron otra opción que levantarse en armas para continuar sus luchas que no pudieron por vías democráticas. No respaldamos el monólogo inmoral entre su gobierno con paramilitares y narcotraficantes, porque estamos a favor de la paz como producto de transformaciones sociales, económicas y políticas en bien de nuestro pueblo, paz con reforma agraria, soberanía y derechos humanos.

Y no podría concluir la presente nota sin destacar el testimonio que Tirso Vélez nos brindó con su preciosa vida. Tirso amó tanto a sus hijos como a la poesía, porque ellos eran para él sus versos vivos. Fue un soñador incansable comprometido con la causa liberadora de los pobres, fue un hombre culto y autodidacta, poseedor de una natural sencillez. Fue un líder transparente que sabía escuchar y transmitir mensajes. Por tradición familiar fue cristiano y por conciencia militante comunista, pero al final de sus días fue simplemente un pacifista, alguien que combinó en la práctica sus experiencias intelectuales y espirituales. Era un enamorado de la vida, tema que expresó en la nostalgia de sus cantos y en la profundidad mística de sus poemas, porque creía que la vida es un círculo. Gozó y compartió con sus amigos el mensaje simple de libros como ”Sidartha” del escritor alemán Herman Hesse, y de otros como”El Principito” y ”Juan Salvador Gaviota”.

Poco antes de su muerte había declarado en una entrevista: ”Yo le tengo miedo a la muerte por lo desconocido. Tengo miedo a dejar compromisos sin cumplir o metas no logradas, si tienen que ver con la felicidad del ser humano y contra tantas injusticias vigentes en la tierra”. Paz en su tumba e infinita memoria para él y para tantos inocentes asesinados, encarcelados, perseguidos, torturados y desaparecidos en el marco de la guerra sucia y el terrorismo de Estado. De esos seres humanos excepcionales, soñadores y amantes de la vida, tomaremos lo mejor de su herencia y se lo transmitiremos a las nuevas generaciones, para que nosotros ni ellos jamás los olvidemos.

LUIS ALBERTO MATTA ALDANA es ex-consejero de paz del Valle del Cauca y activista de derechos humanos, actualmente refugiado político.